El SCS registra 229 agresiones a profesionales sanitarios en las Islas

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Las listas de espera, el copago, la falta de infraestructuras y otros tantos problemas habituales en la sanidad canaria han provocado que cada vez sean más los usuarios que paguen sus frustraciones o traten de reivindicar sus derechos agrediendo a los profesionales, que en la mayoría de los casos se sienten indefensos ante este tipo de situaciones.

En concreto, según datos aportados por el Servicio Canario de la Salud (SCS), la Dirección General de Recursos Humanos ha registrado en lo que va de año 229 comunicaciones internas de agresiones a trabajadores de las instituciones sanitarias; de ellas, 26 fueron de carácter físico, 177 verbales y 26 mixtas. La mayoría fueron a enfermeros y auxiliares.

Se trata de una cifra superior a la contabilizada el año pasado (casi el 30% más), cuando el SCS realizó 154 comunicaciones a la Fiscalía relacionadas con este tipo de incidentes.

Por este motivo, el Consejo de Gobierno autorizó en su sesión del pasado martes a la Consejería de Sanidad a prorrogar un año más el convenio de colaboración firmado en 2007 entre el propio Servicio Canario de la Salud y el Consejo Canario de Colegios de Abogados, para la prestación del servicio de asistencia jurídica especializada destinada al personal de las instituciones sanitarias públicas de la Comunidad Autónoma, en caso de sufrir alguna agresión derivada del ejercicio de sus funciones laborales.

Dicho convenio, que se prorrogará hasta el 31 de diciembre de 2015, tiene por objeto el asesoramiento y la orientación jurídica gratuita del personal del SCS en materia civil y penal, sobre cuestiones relacionadas o derivadas de agresiones verbales o físicas sufridas durante la actividad profesional. Asimismo, garantiza la prestación del servicio de asistencia en los procedimientos judiciales que se inicien al respecto. El convenio establece que las gerencias dependientes del SCS evalúen las solicitudes de asistencia jurídica y, en caso necesario, las dirijan al colegio de abogados correspondiente a su partido judicial, para la designación de un letrado al trabajador agredido.