Alberto Nisman – Por Luis Ortega

Como en una novela negra, la muerte del fiscal Alberto Nisman -hallado en su apartamento bonaerense con un disparo de bala- convenía “a muchas personas y oscuros intereses”. A la espera de la verdad oficial, avanza la posibilidad del suicidio pero, ¿es suficiente para los ciudadanos inquietos y los partidos opositores? Entre los posibles beneficiarios del suceso, algunos medios de Buenos Aires señalan a la presidenta Cristina Fernández, denunciada por el fallecido de “fabricar la inocencia de los terroristas” que, en atentado con coche bomba, asesinaron a ochenta y cinco personas en la Asociación Mutual Israelita el 18 de julio de 1994. Comisionado diez años después por Néstor Kirchner para investigar el suceso, el fiscal se topó con todas las dificultades para su trabajo; luego, con la esposa y heredera en la Casa Rosada, se registró un choque frontal cuando ésta firmó en enero de 2013 un convenio con Irán “para aclarar el incidente”. La respuesta del representante del ministerio público fue una contundente y razonada denuncia en un documento de trescientos folios, basado en escuchas telefónicas, donde se imputaba a la mandataria (que vive sus cotas más bajas de popularidad), al ministro de Asuntos Exteriores Héctor Timerman, al diputado peronista Andrés Larroque, los sindicalistas Luis D’Elia y Fernando Esteche, el delegado iraní Jorge Yussuf Khalil y el juez Héctor Yrimia, primer instructor del caso.

La impunidad de los autores de la matanza se traducía, según parece, en ventas de petróleo en condiciones ventajosas para Argentina. Desmentidas por el canciller argentino, las acusaciones de Nisman (1963-2014) interesaron a la oposición, que pidió su comparecencia en sede parlamentaria, programada para el mismo lunes -19 de enero- en el que se descubrió el cadáver del funcionario junto a una pistola del calibre 22, en circunstancias por determinar y, hasta ahora, amparadas en el secreto del sumario. Según miembros de la oposición, el fiscal Nisman -que contaba con una escolta de diez miembros de la Policía Federal- recibió durante el último año amenazas anónimas que se recrudecieron cuando se fijó la convocatoria de la comisión de justicia del Congreso Nacional para la pasada semana. Un nuevo problema para Fernández de Kirchner y que, inevitablemente, implica a su partido, que debe afrontar el próximo otoño unas elecciones generales con índices preocupantes de desafección y rechazo por parte de su electorado tradicional.