EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife
El Diputado del Común ha reclamado al Gobierno de Canarias que agilice la tramitación del Decreto que regulará la red de centros y servicios que atienden a la infancia en su tiempo de ocio, dado que existe un vacÃo legal que puede llevar a confusión y que genera inseguridad para los padres y los empresarios que desean invertir en esa clase de negocios.
Esta recomendación ha sido dirigida por el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, a la ConsejerÃa de Cultura, Deportes, PolÃticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, cuya Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia está tramitando dicho Decreto. Saavedra recomienda, además, que a la mayor brevedad posible se ponga en marcha el Registro de los centros lúdicos-educativos que estén acreditados y mantenga actualizado el mismo, asà como que establezca un protocolo de inspección y control para este tipo de establecimientos y un régimen de sanciones en caso de incumplimiento.
La norma, además, debe determinar los requisitos de organización y de funcionamiento de los centros infantiles
“De hecho, la propia Administración reconoce que se trata de actividades diferentes y que cada una tiene sus singularidades, pese a que actualmente no se encuentren en Canarias definidas y bien diferenciadas en un texto legal”, añade.
Para Jerónimo Saavedra, “resulta evidente que tal distinción persigue el objetivo de ofrecer una mayor protección a quienes deben ser protegidos, considerando su situación de mayor vulnerabilidad, y sin responder a fines arbitrarios o caprichosos”.
PROTECCIÓN
El Diputado del Común recuerda que la Constitución Española establece la obligación de todos los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurÃdica de la familia y, dentro de ella, con carácter singular, la de los menores.
Además, añade que la Ley de Protección JurÃdica del Menor establece que las administraciones públicas deberán tener en cuenta las necesidades del menor al ejercer sus competencias, especialmente en materia de control, entre otros, sobre espacios en los que permanecen habitualmente los menores, en lo que se refiere a sus condiciones fÃsico-ambientales, higiénico-sanitarias y demás aspectos que contribuyan a asegurar sus derechos.
Saavedra destaca que el principio del interés del menor impregna todo el Derecho relativo a esta etapa de la vida, actuando como principio rector en todas las actuaciones administrativas. “Una necesidad de protección reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los convenios constituidos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan por el bienestar del niño”, apostilló.