Corrupción y contratación pública – Por Jaime Rodríguez Arana

La corrupción pública ha adquirido en este tiempo una dimensión preocupante. La percepción ciudadana en algunas partes de España es ciertamente alarmante. Nueve de cada diez personas consultadas admiten que hay corrupción en la política. Es verdad que la corrupción, como reconoce Transparencia internacional en su último informe sobre España, no es sistémica en general, pero en la vida pública presenta tintes bien graves. El mismo Felipe VI en su primer discurso de Navidad convocó a cortar esta lacra social de raíz y sin contemplaciones. Y para eso hay que ir a sus causas, que recientemente la UE, marzo de 2014, cifró en la financiación de los partidos, la contratación pública y el urbanismo.

En efecto, nada menos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de publicar un estudio acerca de los diferentes sistemas de contratación pública y sus resultados no dejan lugar a dudas. La falta de competencia, se dice en este análisis, fomenta la ineficiencia y la corrupción. Se calcula, según este informe preliminar, que el sobrecoste de las prácticas de contratación en nuestro país asciende a la friolera del 25% de los 194.000 millones de euros que anualmente se destinan a licitaciones de bienes y servicios públicos con cargo al Estado. En otras palabras, se podrían ahorrar en materia de contratación pública nada menos que 48.000 millones de euros, el 4,5% del PIB.

Según la CNMC, hay que empezar por erradicar toda una serie de prácticas ilícitas que merman sobremanera los costos de la contratación. Son los casos de pactos secretos de no competencia o de reparto de mercado y los cárteles económicos, prácticas que precisan de una legislación que permita actuar en el marco civil y penal.

Para la CNMC, algunas malas prácticas que deben eliminarse serían, entre otras, la adjudicación directa a empresas públicas o el establecimiento de plazos muy largos de duración de las concesiones administrativas sin causas objetivas o razonables. También hay que mejorar la transparencia y la publicidad, tantas veces dominadas por escenarios de opacidad, penumbra o ambigüedad, que enturbian la adjudicación a las mejores opciones. Por supuesto que es urgente el diseño de soportes tecnológicos que faciliten la elección de las ofertas mejores así como análisis rigurosos de eficiencia económica de los contratos, especialmente en lo que se refiere a una evaluación periódica acerca de los resultados obtenidos. El control, señala la CNMC, es deficiente y se encuentra regulado en normas dispersas y demasiado restrictivas.

En 2014 la Unión Europea aprobó un nuevo paquete de directivas en materia de contratación pública que España debe trasponer entre 2015 y 2016. Se trata de una buena oportunidad para modernizar los procedimientos de contratación y dotarlos de mayores dosis de objetividad y racionalidad. El dinero público es de todos los españoles y debe ser utilizado al servicio objetivo del interés general. Para que los ciudadanos dispongamos de servicios y obras públicas de calidad que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de todos. No puede ser que despilfarremos tantos millones de euros cuando existen necesidades sociales acuciantes e imperiosas que precisan de medios y fondos crecientes. No, no puede ser.

*Catedrático de derecho administrativo