El mamotreto olvidado de Añaza

<

>

Fotos: Fran Pallero

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

En pleno boom turístico-inmobiliario de finales de los años 60 y comienzos de los 70, las autoridades tinerfeñas quisieron aprovechar el tirón y atraer inversión extranjera a la Isla facilitando al máximo la construcción de nuevos complejos turísticos, aunque para ello hubiera que recalificar terrenos localizados en la costa. La forma de hacerlo fue a través de una circular de la por entonces, Comisión Provincial de Urbanismo, que promovió los conocidos como Planes Especiales de Interés Turístico y mediante los cuales las exigencias para construir en la costa, no eran tan altas como las que hay en la actualidad. Al calor de ese impulso se construyó el hotel que hoy permanece erguido en la santacrucera costa de Añaza, abandonado, a medio terminar, convertido en otro mamotreto que, tras 40 años, con un sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obliga a su derribo, soporta, como buena construcción de origen alemán que es, el paso del tiempo magníficamente bien. Al menos así lo atestiguan las inspecciones técnicas realizadas, “mañana mismo podría retomarse la construcción y seguir como si nada”, asegura Fermín García, director técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz.

La historia de este edificio se remonta a 1973, cuando una empresa alemana compró la parcela que entonces pertenecía al municipio de El Rosario. Allí, donde hoy se levanta este edificio, en un abrir y cerrar de ojos, levantó 21 pisos de altura destinados a lo que hoy serían apartamentos de tiempo compartido (time sharing). Con la misma rapidez que aparecieron y construyeron, apenas un año después, desaparecieron, esta vez azuzados por la crisis del petróleo que estaba en pleno auge y que hizo que las inversiones se resintieran. La construcción se inició en mayo y en junio de ese mismo año, se derogó la circular que permitía la redacción de esos planes especiales de turismo.

Su rastro se borra hasta la actualidad. Su desaparición fue tan sigilosa que, admiten desde Urbanismo, ha sido imposible localizarlos para exigirles el cumplimiento de la sentencia del TSJC, “lo hemos intentado acudiendo incluso al consulado y la embajada pero no hemos podido localizarlos”, reseña el socialista José Ángel Martín, primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Santa Cruz.

Estructura

La pregunta que surge de manera inmediata es por qué aún sigue en pie esta estructura que ha sido declarada ilegal; por qué, si el Ayuntamiento de Santa Cruz ha llevado a cabo intervenciones subsidiarias para el derribo de otros inmuebles, no ha sometido a este mamotreto olvidado al mismo proceso. Martín, justifica esta inacción a través de tres aspectos fundamentales: los propios términos de la sentencia que obliga a la redacción de un plan especial para la costa de Añaza, el elevado coste de la demolición (superior al millón de euros) y la la imposibilidad ya mencionada de encontrar a sus propietarios.

“La sentencia del TSJC de 1998 establece que el edificio invade zona de servidumbre marítimo-terrestre y por lo tanto hay que demolerlo. A partir de ahí, se incorpora dentro del Plan General de Ordenación (PGO) casi la literalidad de la sentencia, que viene a decir que se redacte un plan especial en el que se contemple la demolición del edificio y la rehabilitación de la costa”, explica Martín.

Teniendo en cuanto el largo proceso por el que ha pasado el PGO, hasta ahora Urbanismo no estaba en disposición de dar cumplimiento a la sentencia, argumenta el edil, “ahora eso está incorporado en el PGO actual y por lo tanto lo que toca es redactar ese plan especial, demoler el edificio y rehabilitar la costa”.

Por su parte, García ahonda en las complicaciones urbanísticas que se desprenden de la sentencia, que establece que ese suelo se califique como suelo urbano no consolidado. “Esa clasificación nos permite dar usos recreativos, de ocio y comercial para esa rehabilitación de la costa que nos pide el juez, pero la realidad es que ahí no podemos generar mucho aprovechamiento urbanístico, básicamente porque es una zona de servidumbre”.

Esto en la práctica supone que, explica el técnico, a la hora de rehabilitar la costa de Añaza, cualquier cosa que se construya debe estar autorizada por Costas, a lo que hay que añadir que “aún así, va a ser insuficiente a todas luces para compensar el coste de la demolición”, añadió García. El propio director técnico recuerda que el litoral de de Añaza ya cuenta con un concurso de ideas, Pasea, con el que se proponía una serie de servicios para esta parte del litoral en el que se planteaba un gran parque con algunos equipamientos incluso para reutilizar toda la plataforma, “si se pudiera conseguir una concesión que se hiciera cargo de construir una buena marina y edificios y equipamientos, se podría plantear suplir el coste de la demolición a cambio de esta concesión”, explica García, quien constata que, en distintas épocas, “han venido empresarios interesados en ubicar ahí una marina”. Martín intervine para afirmar que “si consiguiéramos ese tipo de concesión, mañana mismo iniciaríamos el derribo”. Tanto el técnico como el concejal coinciden en destacar la calidad del proyecto Pasea que “si le pones arena no difiere mucho de lo que queremos para Las Teresitas”, dice Martín, para a continuación reconocer que “el tamaño que plantea no hay amortización que lo soporte, los costes son brutales y el derribo se convierte en una anécdota”.

Asegura Martín que la redacción del plan especial no tendría que llevar más de dos años y una vez hecho, iniciar la notificación a la propiedad para, a continuación emitir una orden de ejecución para que derribe el edificio, “cuando no contesten habrá que publicarlo en el boletín, y entonces, sí podremos redactar una orden de ejecución subsidiaria, con el correspondiente mandamiento judicial de entrada, porque eso sigue siendo una propiedad privada, para después asumir esos coste de la demolición que se va seguro por encima del millón de euros”.

Sin embargo, si tal y como admite el Ayuntamiento, ha sido imposible localizar a sus propietarios y lo dan por imposible, la cuestión es cómo van a cobrarles entonces esa ejecución subsidiaria. “Tendremos que ver si incorporamos un expediente de dominio para quedarnos con el terreno, que es el mecanismo que nos permite la ley para, por decirlo de alguna manera, cobrarnos ese coste”, detalla el edil de Urbanismo. También tiene claro el primer teniente de alcalde que “cuando incoemos el expediente de dominio los dueños aparecerán desde dónde quiera que se encuentren”.

Futuro

En ese cronograma que defiende el Consistorio, la cuestión que a su vez se plantea es qué pueden esperar los vecinos de Añaza respecto a su litoral, ante lo que Martín afirma que no se resigna. “El Plan Especial puede que no recoja el proyecto Pasea tal y como está pero habrá que ver cómo lo hacemos. A lo mejor sacamos tres concesiones en vez de una, de forma que sea más fácil conseguir inversión”. “Habrá que ver qué tipo de equipamiento -continúa- no genera tanto coste en su materialización pero que sí pueda dar beneficios para conseguir un equilibrio económico y financiero en la concesión que se otorgue”.

Entre esas tres zonas estaría una de piscinas “que vendría a ser un complemento brutal para la población de Añaza”, apunta García. Martín concluye diciendo que, “se trata de buscar equipamiento que complemente la oferta del barrio y con el que se pueda compensar parte del coste del derribo, si no el derribo en su totalidad”.

Causa civil y no penal

Otra de las cuestiones que surgen en torno a este edificio de la costa de Añaza es qué lo diferencia del mamotreto por excelencia en Santa Cruz, el edificio de aparcamientos a medio terminar que se alza en Las Teresitas, y cuyo derribo sólo está pendiente que el juzgado aclare en qué términos se hace. “Son dos procedimientos diferentes, uno fue por la vía contenciosa y el otro por la penal; uno es público y otro es privado”. También señala el edil que el delito contra el territorio se incluyó como tal con posterioridad a 1998 y eso impidió que el hotel de Añaza fuera por la vía penal. Admite Martín que después de 16 años, el tiempo que hace que se dictó sentencia, se tendría que haber actuado con más diligencia, “esto fue un sitio conflictivo en el que se peleó por un espacio público y se ganó y lo que hay que hacer es demolerlo. Lo hacemos nosotros y ya”.