Los trabajadores temporales ahora en paro, los primeros en cobrar las horas extras

Fachada principal del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma. | DA

EUGENIA PAIZ | Santa Cruz de La Palma

Unas 300 personas, todos ellos trabajadores del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, esperan cobrar el dinero que se les adeuda por horas extras trabajadas. Los primeros en recibir su dinero por este concepto, algunos de ellos contratados desde mayo hasta agosto y pendientes de cobrar hasta 6.000 euros, serán aquellos trabajadores que fueron contratados de forma temporal durante las fiestas lustrales y que ahora engrosan las listas del paro en la Isla.

Esa es la prioridad del grupo de Gobierno en el consistorio que preside el socialista Sergio Matos, que reconoció, en declaraciones a este rotativo, que “ésta es una situación que nos preocupa enormemente”. De la deuda municipal por horas extras -ahora expresamente prohibidas desde la Alcaldía- 462.000 euros se acumularon durante los meses de desarrollo de la Bajada de la Virgen, cantidad a la que se suman otros 340.000 euros, desde enero de 2009 y por el mismo concepto de horas extras.

Si bien el exalcalde nacionalista Juan Felipe San Antonio rechazó hacer cualquier valoración al respecto de esta situación, fuentes del comité de empresa recordaron que la denuncia interpuesta al consistorio en el mes de febrero para reclamar por vía judicial el cobro de las horas extras realizadas durante las lustrales sigue su curso, después de que se hayan producido varias reuniones. Pese a la premura de algunos por cobrar, dado que incluso han agotado sus prestaciones por desempleo, en las negociaciones llevadas a cabo entre el Ayuntamiento capitalino, el comité de empresa y la junta de personal “hay muy buena sintonía”. Todo ello a raíz de la premura que el nuevo grupo de Gobierno tiene por solventar este asunto, que afecta a muchas familias con limitados recursos.

Las restricciones económicas, sumadas a esta desorbitante cantidad de dinero por trabajos extraordinarios, complican las salidas a este problema.

La última de las opciones que se barajó fue el pago fraccionado de los 800.000 euros de deuda a los trabajadores a lo largo del recién iniciado mandato, una posibilidad que tuvo que ser descartada por la falta de liquidez de las arcas locales.