El SCS asumirá la reproducción asistida “sin hacer excepciones”

La representante de la Plataforma Acción Feminista Canaria, Juana María Santana (i); la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza; el vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez; la directora del Instituto Canario de Igualdad, Elena Máñez (2d); y la coordinadora del colectivo Gamá LGTB, Sylvia Jaén (d). / EFE

J. L. CÁMARA / DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

Canarias está dispuesta a echarle un órdago al Ministerio de Sanidad, al menos en lo que se refiere a los tratamientos públicos de reproducción asistida, que el departamento que dirige Ana Mato tiene previsto restringir exclusivamente a mujeres con pareja. Así lo escenificaron ayer los responsables de las consejerías de Educación y Sanidad, José Miguel Pérez y Brígida Mendoza, quienes estuvieron acompañados por la directora del Instituto Canario de Igualdad, Elena Máñez. Los tres defendieron el derecho de todas las mujeres a la maternidad “sin exclusiones”.

Tras reunirse con representantes de los colectivos feministas y de gais, lesbianas, transexuales y bisexuales, los representantes del Ejecutivo autonómico mostraron su desacuerdo frente a la propuesta anunciada el martes por el Gobierno central de limitar los tratamientos de reproducción asistida, una medida que calificaron como “insoportablemente discriminatoria”.

José Miguel Pérez calificó la decisión ministerial de “nueva torpeza del Gobierno de Rajoy”, y expresó su desacuerdo con esta medida, que según él no es tanto un problema de recursos, sino de “vuelta a la caverna en materia de avances en derechos en este país”. Pérez calificó la medida de “discriminatoria en un doble sentido, ya que, por una parte, es un hecho de salud por la discriminación que supone hacia un derecho a la prestación; y, por otro, por una cuestión de posibilidades económicas, puesto que la única opción que le dejan a una parte de esta población es la de recurrir al sistema privado, al que podrán acudir solo aquellas que se lo puedan costear”.

En la misma línea se manifestó la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, que ya se mostró contraria al proyecto en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), celebrado en Madrid el pasado martes. Mendoza insistió además, en “que la realidad social ha cambiado y está integrada por diversos modelos de familia y, por tanto, el acceso a los tratamientos sanitarios debe adaptarse a esta realidad sin exclusiones de ningún tipo”.

La titular autonómica de Sanidad explicó que en Canarias se realizan técnicas de Reproducción Humana Asistida desde el año 1990. En la actualidad, se dispone de tres centros que atienden este tipo de problemas: HUC, CHUIMI y HUNSC. Los dos primeros realizan técnicas de inseminación artificial y fecundación in vitro, mientras que el último solo realiza inseminación artificial. Asimismo, Brígida Mendoza aseguró que en los dos centros de referencia, “el tiempo medio de espera para una primera consulta es de siete días”.

En el año 2012 se realizaron, entre los tres centros, un total de 3.404 primeras visitas para procedimientos de reproducción asistida y los resultados obtenidos son similares a los publicados por el Registro de la Sociedad Española de Fertilidad. Luego, los tratamientos puestos en marcha supusieron una inversión de unos 3 millones de euros.

Las afirmaciones de Mendoza fueron suscritas por la directora del Instituto Canario de Igualdad, Elena Máñez, quien calificó la medida de “clasista, machista y sexista”. “En esta cuestión, el Gobierno central trata a las mujeres como ciudadanas de segunda e, incluso, de tercera”, concluyó Máñez.