El Parlamento estará obligado a aplicar la “máxima transparencia”

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Los criterios de transparencia del Parlamento de Canarias están sobre la Mesa, que es la que adapta el reglamento a sus circunstancias. Por expreso deseo suyo, la ley que impulsa el Ejecutivo regional, todavía en fase de anteproyecto, deja fuera al Legislativo. No obstante, estará obligado a garantizar “el libre acceso a la información”.

El director general de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud, Teófilo González, explicó ayer en declaraciones a este periódico que la disposición adicional cuarta del borrador de la futura ley canaria fija que el Parlamento establecerá en su reglamento las disposiciones que sean necesarias para su aplicación en el ámbito de su organización, competencias y funcionamiento.

En una entrevista publicada hace meses por el DIARIO, el presidente del Parlamento, Antonio Castro, avanzó que se estaba trabajando en esa dirección. Incluso detalló algunos elementos de gran impacto mediático, como la posibilidad de que cualquier ciudadano interactúe al instante con los electos. “Entre el sillón de casa y el escaño”, resaltó. Conforme a ese plan, los plenos se difundirán en directo a través de una señal institucional con la opción de seleccionar la cámara de su preferencia y hasta de pedir una grabación determinada.

Pero, como las cosas de palacio van despacio, el escepticismo empaña esas perspectivas. En octubre de 2011, el grupo mixto (NC-PIL) registró una proposición no de ley (PNL) por la que reclamaba que el Parlamento emitiera en abierto “para toda la ciudadanía las sesiones plenarias y las comisiones”, además de “estudiar fórmulas para aumentar la difusión y conocimiento de la web corporativa”.

En la exposición de motivos, el portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, argumentaba: “El actual clima de desafección de la ciudadanía con la política es una creciente y preocupante evidencia para quienes nos sentimos demócratas”. A su juicio, “solo mediante el fortalecimiento de nuestras instituciones podremos revertir esta realidad y de ello depende también el afianzamiento de nuestra democracia”. Por ello, añadía, “parece importante propiciar aquellas iniciativas que contribuyen a una cercamiento a la actividad política y recuperar la confianza en ella”. Esas palabras cayeron, sin embargo, en saco roto. Tres días después, el órgano rector respondió que tal contenido no era propio de una PNL al tratarse de un asunto del funcionamiento interno del Parlamento. Posteriormente, en noviembre de ese año, la diputada Carmen Hernández elevó un escrito a la Mesa por el cual NC insistía en su demanda. Otro intento frustrado, a pesar de que coincide con la intención confesa de Castro. El reloj que marca los tiempo está desorientado con el cambio de hora.

De momento, el Parlamento canario suspende el examen de la delegación española de la organización Transparencia Internacional. Eso sí, el catedrático Jesús Lizcano valoró el lunes la actitud de “colaboración” y el “importante incremento” de su transparencia a lo largo del periodo analizado, pues se partía de un “escaso nivel informativo”.

La peor puntuación (16,7 en una escala de 1 a 100) la recibe el área de “contrataciones de servicios, obras y suministros”. En lo más alto figuran la información sobre el Parlamento (61,5) y la “relación con los ciudadanos y la sociedad” (50).