La Ley de Transparencia concita la unanimidad del Parlamento
El consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, en el salón de plenos del Parlamento. | SERGIO MÉNDEZ
DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife
El consenso no es una leyenda urbana. Cuando la voluntad quiere, la intención puede convertirse en hechos. Ayer quedó demostrada la eficacia del entendimiento entre los representantes políticos al aprobar los cuatro grupos del Parlamento canario el proyecto de Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Ocurría por primera vez en la octava legislatura que una iniciativa de largo alcance y profundidad de campo concitaba la unanimidad de la Cámara regional. Se aprobó el mismo día en que entraba en vigor la norma básica nacional, que concede a las comunidades autónomas un año de plazo para adaptarse. Esta es una de las pioneras en tal sentido.
Al debate del dictamen de la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico se llegaba con la incertidumbre sobre el voto de Nueva Canarias. Finalmente, se inclinó por el sí pese a defender en solitario sus propuestas para que el Diputado del Común ejerciera el control y la exigencia de que los datos económicos de ingresos y gastos insularizados se ofrecieran insularizados. Pedro Justo valoró, no obstante, la “actitud favorable” de todos los partidos para impulsar este proyecto.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, se apuntó un tanto, pero lo anotó en el casillero del “éxito colectivo”.
Desde la tribuna de oradores, el dirigente socialista celebró la “altura de miras” y resaltó que la ciudadanía reclama “más transparencia y acceso a la información”. Destacó, además, la participación de 2.000 ciudadanos en 13 foros. “Ha sido el germen idóneo”, remarcó. Spínola enfatizó asimismo que la transparencia “no es tanto una ley como una actitud”. Emilio Moreno reivindicó el papel “conciliador” del PP durante la tramitación. “Es una nueva forma de hacer política, saludable e higiénica”, resumió. El portavoz del PSOE, Manuel Fajardo, justificó la necesidad de la normativa en que España “ha pasado de una crisis económica a otra institucional”.
Marisa Zamora, del grupo nacionalista (CC-PNC-CCN), vinculó la oportunidad a la “desconfianza” hacia las instituciones.
El ámbito de aplicación de la transparencia abarca a la Administración pública de la Comunidad Autónoma, los cabildos, los ayuntamientos, las universidades públicas, el Parlamento, el Diputado del Común, la Audiencia de Cuentas y el Consejo Consultivo de Canarias, el Consejo Económico y Social (CES), partidos políticos, organizaciones sindicales o empresariales y las entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones.
El régimen sancionador incluye la destitución de cargos por incumplimientos graves.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública era una de las insignias de Francisco Hernández Spínola, junto a las de los municipios y los cabildos. A este paso, va camino de conseguir sus objetivos. No sin la “inestimable” implicación de un equipo de colaboradores “competentes y activos”.
Uno de los colaboradores necesarios es el director general Teófilo González, que arrancó el motor de un vehículo, el de la participación, que llevaba mucho tiempo aparcado en el garaje y lo condujo a la autopista de la democracia tras la puesta a punto que en su momento hizo Pedro Ramos, su antecesor; empeñado en que la transparencia no viajara en un fotingo, sino en un utilitario de alta gama. Ya entonces se vislumbraba la meta de “una sociedad más avanzada, que la Administración gobierne con la ciudadanía y no solo para los ciudadanos”.
Europa Press / DA | Madrid
El portal de la transparencia nacional se puso en marcha ayer con más de 530.000 registros accesibles de información sobre estructura de la Administración General del Estado, sueldos de altos cargos, catálogo de bienes inmuebles, contratos, subvenciones o convenios relativos al año 2014. También se brinda al ciudadano la posibilidad de solicitar datos adicionales cursando una petición que deberá obtener respuesta en el plazo máximo de un mes.
Este portal entra en vigor un año después de la publicación en el BOE de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno y recoge datos relativos a la Administración General del Estado en sentido estricto y sus organismos dependientes. Las comunidades autónomas y ayuntamientos disponen de un año adicional para aplicar la ley, ya que tienen que adaptar su web y modificar la normativa en algunos casos. La canaria está disponible desde el verano.
Con el objetivo de hacer útil esta herramienta, el Gobierno lanzará una campaña publicitaria a principios de 2015. Nueve ofertas se han recibido para esa campaña, que, finalmente, costará 36.000 euros.
En concreto, transparencia.gob.es dispone de 530.000 registros accesibles de información y más de 30.000 informaciones individuales relativas a curriculums, convenios o subvenciones que se han incorporado en estos últimos días. Al entrar en la web, aparte del buscador de información, se podrán visualizar tres iconos: información institucional, normativa y económica. También habrá enlaces a las webs de La Moncloa y el INE, entre otras páginas de la red digital oficial.
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