ROMÁN DELGADO | Santa Cruz de Tenerife
A la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, que dirige el integrante de CC Juan Ramón Hernández, le ha costado admitirlo, pero al final ha resultado, como cabía esperar, algo muy difícil de ocultar, sobre todo cuando, como es el caso, se mueven muchos papeles y propuestas oficiales por todos lados.
Este departamento autonómico ya ha tramitado ante la Comisión Europea (y ésta ha recibido formalmente la petición) cambios de hondo calado en relación con la financiación del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de las Islas para el septenio 2007-2013, el vigente en la actualidad.
El documento que la Consejería de Agricultura ha mandado a la institución comunitaria con sede en la capital belga (que aún debe decidir sobre él, pero que todo apunta a que dará el visto bueno a la propuesta isleña en poco tiempo, lo que hará a través de decisión del comité de seguimiento correspondiente) supone para el campo canario la pérdida de inversión pública, a la que tendría que sumarse después la privada (otro 50%), de nada más y nada menos que 95 millones de euros (para algunos 150).
Esta cantidad es con la que no podrán contar los agentes agrarios en las Islas cuando se confirme la modificación del marco financiero actual del PDR, lo que implica que el sector en Canarias verá mermados sus recursos de financiación pública desde un potencial inicial de 335 millones de euros, lo que prevía el PDR para 2007-2013, a los 240 que sólo quedarán cuando la propuesta de cambio que ha cursado la Consejería de Agricultura se apruebe, que es lo que parece más probable que haga la Comisión.
Para que un ciudadano normal lo entienda, los 95 millones que Canarias ha pedido que se recorten de ese programa comunitario de subvenciones implican que en las Islas se dejen de invertir cerca de 200 millones de euros en lo que queda de septenio, o sea, hasta el 31 de diciembre de 2013.
La modificación en el plan de financiación del PDR que ha cursado el Gobierno de Canarias se puede considerar un mal menor debido a los problemas de existencia de fondos que tiene el erario de la Comunidad Autónoma, que, tal y como se admite en el escrito de justificación de la medida de recorte, la solicitud que cursa Agricultura “responde, en términos generales, a la necesidad de adecuar el PDR de la Comunidad Autónoma de Canarias al contexto socioeconómico actual, de grave crisis y especial incidencia en la UE”. Y luego la argumentación se vincula a “la inestabilidad de los mercados financieros, en los que la prima de riesgo se sitúa [ha llegado] en los 451 puntos, lo que pone de relieve la necesidad por parte de las administraciones públicas de aplicar políticas restrictivas económicas para hacer frente a la deuda. (…). Por ello, el tono general de los presupuestos, tanto estatales como autonómicos, es, ciertamente, el de la austeridad, con un recorte significativo del gasto público”. Dicho en el lenguaje de la calle, lo que se traslada es que la Consejería de Agricultura no tiene un duro ni lo tendrá en los próximos años, al menos en el actual y en el siguiente, en 2013, con lo que ya sabe a ciencia cierta que no podrá aportar su parte de cofinanciación según el cuadro de participación en los pagos del PDR que se aprobó de forma inicial, que es el 50% de los 335 millones de euros para la UE, el 20% para el Estado y el 30% restante para la Comunidad Autónoma de Canarias.
Como el Archipiélago no puede aportar en el septenio el dinero que le corresponde abonar para llegar a una ejecución plena de ese programa, ha decidido pedir cambios en la cofinanciación de manera que al menos se aproveche todo lo que aporta la UE, que estos fondos sí están, y además garantizados.
Esto es lo que explica que la Consejería de Agricultura pidiera en noviembre pasado modificaciones en el cuadro de financiación del PDR, cambios que implican que la UE pase a poner el 85% de la cofinanciación, y el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, el 7,5%, hasta completar el 100%.
Ahora bien, esta solución, que tiene sentido para no perder el máximo de asignación que ofrece la UE, además plantea un daño colateral, que es que el Estado también pone menos, igual que lo hace Canarias. Y de estas dos importantes reducciones de recursos públicos, aunque se mantiene el umbral de la UE, sale que se pasa de un volumen inicial de 335 millones de euros (con efecto inversor de una cantidad doble, al sumar la aportación privada) a unos pírricos 240 millones. Y claro, ello asumiendo Canarias la pérdida de 95 millones de euros de apoyo público al campo.
La iniciativa de la Consejería, que es polémica, sobre todo porque implica menos modernización y capitalización del sector, se contradice con las afirmaciones de ayer del viceconsejero Alonso Arroyo, que dijo, en la sede de CajaCanarias, que el sector “está descapitalizado” y “necesita modernizarse”.
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Cerca del sector
La entidad financiera CajaCanarias Banca Cívica convocó en la tarde de ayer al sector agrario de la Isla en su sede principal de la capital tinerfeña, en cuya estancia se desarrolló la I Jornada Agraria Comercial. La cita contó con la presencia del consejero de Agricultura del Cabildo de Tenerife, José Joaquín Bethencourt, y del viceconsejero de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias, Alonso Arroyo. Estos dos gestores públicos fueron los encargados de la inauguración del foro, en el que Arroyo apostó por que “se consolide un tratamiento diferenciado a las RUP en el ámbito comunitario”. Además, reconoció que el sector primario de las Islas está descapitalizado. Para cambiar esta tendencia, dijo, es necesario que se activen nuevas vías de financiación, y que haya apuestas por proyectos integrados en la I+D+i, entre otras acciones que vio interesantes para avanzar en la modernización y la mayor competitividad.
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