TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife
Ni rechazo absoluto ni, desde luego, aplauso cerrado; lo que hay son muchas reservas a la espera de que se concreten los anuncios y un temor, más o menos mayoritario, a que estos cambios supongan una merma en los derechos de los ciudadanos. Ello se deduce de las reacciones recabadas ayer por DIARIO DE AVISOS entre un notorio grupo de representativos profesionales de la Justicia y de la clase política canaria ante los importantes anuncios hechos por el nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
De entrada, nada sobre la habilitación del mes de agosto para juicios, lo que celebra el decano del Colegio de Abogados provincial, Víctor Medina Fernández-Aceytuno, quien también fue el único que aplaudió el anuncio de una reforma de lo mercantil. En el resto de los temas, el letrado prefirió no opinar a la espera de conocerlos con más detalle, aunque sí apuntó sobre la nueva tasa que “ya hay un gravamen, así que parece que puede cercenar la posibilidad de un acceso pleno a la Justicia”.
También aludió a ese gravamen -“aprobado en 2009 precisamente para evitar ese exceso de litigiosidad”- el consejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, que entiende como “un paso atrás” la práctica totalidad de medidas anunciadas, salvo la agencia para coordinar datos entre comunidades autónomas con competencias en Justicia. “Ya existe un órgano que asume esta función, pero profundizar en este sentido me parece razonable”, explicó Spínola en la misma línea que la jueza de Instrucción Victoria Rosell, a quien le “parece muy bien aunque ya existe en el Consejo un sistema de interoperatividad. Pero adelante, y no solo para ahorrar dinero sino en todo lo que sea compartir información”.
Volviendo a la tasa, que Rosell y Spínola no dudan en denominar copago, tanto ellos como el presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y miembro de Jueces para la Democracia, a quien le parece “peligroso en cuanto a una posible merma de la tutela judicial efectiva. Además, la Justicia ya es cara para los ciudadanos”.
Sin embargo, el Fiscal Anticorrupción de Las Palmas y representante de la Unión Progresista de Fiscales, Luis del Río, optó por no pronunciarse sobre la tasa hasta no conocer más detalles, pero sí que expresó su temor a que tanto en los cambios en la Ley del menor como en la del aborto se produzca “una restricción o una merma” de los derechos reconocidos a menores y mujeres.
Igualmente resulta significativo que Spínola, Rosell y Del Río se acuerden del artículo 25 de la Constitución para explicar que una pena de prisión permanente cuadra difícilmente, si no resulta incompatible, “con el marcado carácter resocializador” de nuestro ordenamiento jurídico.
Sobre la reforma del CGPJ, sólo fue aplaudida en la breve aportación realizada por el secretario general del PP en Canarias, Manuel Fernández, que mostró su alivio por el adiós a lo que llamó “la reforma Ledesma”.
En general, el resto de consultados lamentaron lo que Spínola denominó “claro retroceso, ya que el CGPJ es mucho más que los 4.000 jueces que hay en España. La Justicia emana del pueblo, proclama la Constitución, por eso tiene sentido que sea el Parlamento, los representante del pueblo, quienes nombren a parte del consejo”.
Por último, una reflexión de Rosell contra las medidas populistas y sus efectos contradictorios: “Ayer celebré 25 juicios de faltas. En cinco, el botín robado no llega a los tres euros, pero cada juicio cuesta como media 1.300 euros. Por un lado se pide que todo sea delito, por otro, que ahorremos. Será mejor pensárselo dos veces, ¿verdad?”.
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Las principales medidas desveladas por el ministro de Justicia, en síntesis
Nueva tasa judicial. Supondrá que las partes paguen los costes del proceso a partir de la segunda instancia, aunque la cantidad depositada les será reintegrada si su demanda prospera- en el objetivo de acabar con el exceso de litigiosidad. La nueva tasa no se aplicará a la jurisdicción penal ni a “quienes carezcan de recursos para litigar” y que los ingresos obtenidos por esta vía se dedicarán a la modernización de la Administración de Justicia.
Reforma de la ley del menor. En los casos de delito grave en los que haya implicados adultos y menores, todos sean investigados y enjuiciados conjuntamente, si bien a estos últimos se les seguirá aplicando la legislación prevista.
La elección de miembros del CGPJ. Se reformará el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, de forma que los doce de extracción judicial serán designados directamente por sus compañeros. Respecto a los otros ocho vocales, el ministro ha propuesto poner fin al sistema de cuotas partidistas y que las Cortes hagan una elección consensuada, también para la designación por el Congreso de cuatro magistrados del Constitucional, pendientes desde 2010.
Prisión permanente revisable. El Gobierno estudiará la posible instauración de esta pena, que tendría carácter excepcional para supuestos muy restringidos y que hubieran causado una gran alarma social. El ministro dijo que sería “incompatible” y “contradictoria” con la cadena perpetua y que su constitucionalidad está garantizada por lo revisable.
Coordinación entre comunidades. Creación de una Agencia entre Ministerio, CGPJ y comunidades con competencias en materia de Justicia- para que todos los datos y registros sean compatibles y estén conectados.
Ley del aborto. Se exigirá el consentimiento paterno en los casos de las chicas de 16 y 17 años de edad que quieran abortar.
Nuevo Código. En el segundo semestre habrá nuevo Código Mercantil y nuevas leyes de Planta y Demarcación Judicial, de Enjuiciamiento Criminal, de Jurisdicción Voluntaria y de Mediación.
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