Las cifras de la Encuesta de Población Activa, que indican 341.000 personas en edad de trabajar desocupadas, casi un 31 por ciento de la población activa y todos los parámetros negativos en los que las Islas Canarias son líderes (mayor número de hogares con todos los miembros en paro, mayor número de personas paradas de larga duración, mayor desempleo juvenil), merecen un plan de actuación urgente en este Archipiélago. Si bien Andalucía nos supera por unas décimas, Canarias aumenta su situación catastrófica (el mismo Gobierno la ha calificado de “emergencia social”) por su distancia del continente y la propia configuración del Archipiélago. Los índices de pobreza y de utilización de recursos sociales son inadmisibles y la atonía en el consumo también es mayor en las Islas. Un informe de CC.OO. advierte de que casi la mitad de los asalariados apenas perciben 1.000 euros de sueldo. Con cantidades como esta, el consumo y la recuperación económica son utopías.

Las reformas laborales se han mostrado incapaces de frenar la destrucción de empleo, en parte por estar más centradas en cómo seguir despidiendo que en activar fórmulas imaginativas para facilitar la contratación. De paso, los derechos laborales han retrocedido tantas posiciones que será inimaginable recuperar el estado de bienestar y seguridad jurídica que hace apenas unos años estaban vigentes.

Siguen llegando cientos de miles de turistas. Gracias a ellos, la industria ha seguido creando empleos. Mientras, hasta la propia Administración envía al paro a muchos trabajadores porque las cuentas públicas están al borde de la quiebra en muchos ayuntamientos, cabildos y numerosos departamentos del propio Ejecutivo autonómico. Toca cerrar todo lo superfluo, actuar ante las duplicidades y ordenar la función pública. Pero ya, sin más retrasos, o nos hundiremos definitivamente en este pesimismo generalizado.

El turismo sigue tirando de nuestra economía. Fue el colchón que impidió que creciéramos en más desempleados en el último trimestre de 2011. Pero una nueva incertidumbre ensombrece nuestra única salida económica. La crisis abierta entre los Gobiernos del Estado y Canarias a cuenta de las tasas y bonificaciones aéreas comienza a crear incertidumbre en muchos operadores, que ya se han dirigido a las autoridades turísticas de las Islas con preocupación para ajustar sus previsiones sobre la temporada del próximo invierno. Urge no ya una entrevista sino un acuerdo Canarias-Estado, un modelo claro, que no genere inestabilidad ni dudas, y que beneficie al mayor número de compañías aéreas posible. Porque nos la jugamos en la conectividad nuestro auténtico talón de Aquiles. La desaparición de Spanair, con 7.000 vuelos anuales y casi 1,2 millones de plazas a las Islas (de las que ocupaba apenas 600.000 con precios de billetes similares a una low cost), supone quedarnos aislados un poco más. La aerolínea catalana cubría el 16% de los vuelos hacia las Islas. Los expertos aseguran que la industria aeronáutica absorberá sin dificultad este vacío. De hecho, Iberia, Air Europa, Vueling y Ryanair se lanzaron el mismo viernes a ofertar tarifas crisis para solventar esta situación durante los próximos días y las flotas de todos los operadores, ahora mismo infrautilizadas, volverán a activarse. Hubiera sido también una buena oportunidad para que la compañía aérea canaria de bandera, Binter Canarias, diera sus primeros pasos con enlaces propios a la Península, opción descartada, por el momento.

La situación del mercado laboral en las Islas, la incertidumbre sobre la conectividad, la posible tensión con Marruecos que genere la explotación de la bolsa de petróleo detectada en las costas de Fuerteventura y Lanzarote, los elevados índices de pobreza extrema, la delicada situación de nuestros pescadores, el futuro lleno de nubarrones que se cierne sobre nuestra agricultura, la parálisis comercial y la escasez de dinero en circulación merecen una unidad de acción de todos los partidos políticos y agentes sociales del Archipiélago. Por primera vez, Canarias debe ser lo primero, al margen de ideologías e intereses partidistas o sectoriales. Todos juntos, como una sola voz, reclamando al Estado un plan Marshall que evite nuestra ruina. Si realmente estamos en el estado de emergencia que el propio Gobierno reconoce, cada día que pase sin acuerdo será una oportunidad perdida para salir de la crisis.