Si desaparece una persona querida para nosotros, el angustioso vacío que nos deja nos puede llevar a buscarla hasta recuperarla. Si se trata de una persona viva, disponemos de una segunda oportunidad para reencontrar a alguien importante en nuestras vidas. Pero a veces, no hay segundas oportunidades. Hay personas bloqueadas para solucionar conflictos. También hay personas desaparecidas y muertas. Entonces, hay gente que reza, y hay gente que apela a la justicia y a la solidaridad social. Ha sucedido y aún no ha terminado. Desde el 24 de enero de 2009, se han cumplido tres años de la desaparición de Marta del Castillo. Su familia y toda la sociedad española continúan conmocionadas, y la sentencia judicial sobre el sufrimiento de Marta no haya consuelo ni paz en sus seres queridos, ni entre los españoles. Es una sentencia controvertida en el sentido del no reconocimiento moral y social a los hechos acaecidos. Pero además ha sido recurrida a nivel jurídico por las partes implicadas. Robarle la vida a alguien siempre es un dolo punible en nuestro Código Penal, pero aplicar este Código legal a los delitos penales como si los ciudadanos o jueces fueran autómatas es otra cuestión. Ejercí como abogada de Derechos Humanos, y he visto injusticias, y como jurista, no puedo obviar la trascendencia de esta sentencia ni los delitos tipificados. Pero sobre todo no podemos pasar por alto que unos adolescentes puedan pactar con su silencio la retención de la vida y la muerte, y el cuerpo físico de Marta del Castillo, ante las autoridades españolas. Si contamos con una asistencia forense en este país, y con psicólogos especializados para tratar con delincuentes penales, resulta igualmente obvio que utilizando técnicas interrogativas, lenguajes no verbales y un sinfín de herramientas, los detractores de la vida de esta adolescente ya tendrían que haberse derrumbado. Insisto en que es lo que les mantiene en el poder del silencio, y desde donde sostienen su arrogancia. Es un plan trazado, un pacto atemporal, una frialdad mental y unas emociones atadas por el miedo o la popularidad. Los jóvenes implicados podían sentirse excluidos del sistema y han conseguido nuestra atención a través de la amistad que Marta les proporcionó, aunque le costara la vida. Pero ahora siguen excluidos, aunque les seguiremos mirando hasta que nos digan dónde esta Marta, y cuando lo hagan, sólo querremos olvidarlos o perdonarlos. Y quizá lo saben, y por eso no lo dicen, y mientras esperamos, los miramos. La familia de la menor no puede pasar página, comprensiblemente, y ellos guardan celosamente su secreto, y millones de españoles sólo queremos una respuesta: el paradero de una niña que podría ser la hija de todos. Y estos jóvenes deben perder su poder devolviendo la dignidad de Marta, y si no se rinden, si prosiguen teniendo poder y no sueltan su posición, es difícil dar muestras de arrepentimiento, y se pueden sentir víctimas, en otro reclamo más de atención. La sentencia judicial, si no logra cortar esta dinámica, le da alas a los delincuentes que usan el silencio. Y la presunción de inocencia, en un posible delito, si es avalada por un pacto juvenil, queda en entredicho. Añadiría otros a esta sentencia: todos los jóvenes amparados por sus familias en sus acciones penales que roban la vida de sus compañeros de generación a través de la muerte o las drogas o delitos varios deberían pedir perdón a las jóvenes víctimas y a toda la sociedad, y reconocer el sacrificio de jóvenes como Marta y sus padres, que nos enseñaron este vacío.
Que se haga justicia.

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