Casualidades de la vida: mientras un jurado popular absolvía (en primera instancia) a Camps en el caso de los trajes, entre aplausos de sus seguidores y el respaldo casi instantáneo de la dirección nacional del PP, el ministro Gallardón, anunciaba en el Congreso la inmediata puesta en marcha de una nueva reforma de la Justicia, dirigida a contentar a los votantes conservadores, que cuestiona las reformas progresistas puestas en marcha desde 1980 para acá. Algunos de los cambios han sido apenas enunciados, pero parecen razonables, como la creación de un registro que evite que delincuentes multireincidentes escapen de rositas porque cada uno de sus delitos de hurto no supera los 400 euros. Otras están en veremos, sobre todo las relativas a Menores, pero queda perfectamente clara la necesidad de autorización paterna para que las embarazadas menores de 18 años puedan abortar. El PP se adelanta a su propia reclamación ante el Constitucional, y anuncia que acometerá el cambio de la Ley de Aborto al margen de lo que decida el tribunal. Otras medidas, como la de modificar el Código Penal para implantar la cadena permanente revisable (sucedáneo de la cadena perpetua para delitos con gran repercusión mediática) apunta poca consistencia frente al cumplimiento íntegro de pena, hoy vigente, y apesta a populismo. Y luego está la vuelta al corporativismo en la elección de los órganos de poder de los jueces, en detrimento del Parlamento. Un retroceso en toda regla.
Pero además, fiel a la política de contención del gasto, el ministro anunció una subida de las tasas que ya se pagan por recurrir una sentencia y el endurecimiento de los requisitos para acceder a un abogado de oficio, lo que en la práctica implica la desaparición de la Justicia gratuita tal y como la conocemos. Si el sistema ya privilegiaba a quienes pueden pagarse un buen asesoramiento y defensa judicial, frente a las personas sin posibilidad e hacerlo, estas dos decisiones abren una nueva brecha entre quienes tienen y quienes no.
La justificación para subir de nuevo las tasas, tasas que ya existen, es la de reducir la litigiosidad que hoy colapsa el sistema. Pero supone en la práctica que quien pueda pagar la nueva tasa -la actual está entre nueve y 600 euros- podrá recurrir y tener una nueva oportunidad de ser juzgado, mientras que no podrá hacerlo quien no disponga de recursos. Una discriminación efectiva por capacidad económica. Para venir del ministro progresistas del PP, el arranque no esta mal.