EFE | La Paz

Decenas de discapacitados bolivianos, algunos en huelga de hambre, han acampado hoy cerca de la sede de la Presidencia para mantener su demanda de que el Gobierno aumente a 431 dólares la pensión anual que les concedió, de 143.

Los dirigentes de este grupo social, los diputados de la oposición Jaime Estivaris y Camilo Bianchi, han dicho que esperan que el presidente Evo Morales acceda a aumentar el subsidio, de 40 centavos de dólar al día, insuficiente, agregan, para las necesidades de los más lisiados.

“Acá puede haber muertes, pero no vamos a renunciar a nuestro derecho. Hoy son 101 días de lucha, pero estamos dispuestos a luchar 365 días”, ha afirmado Estivaris.

En el campamento improvisado en la calle cerca del Palacio de Gobierno, flanqueado por unidades policiales antidisturbios, hay varias personas con sillas de ruedas, otras tendidas en el pavimento con diversas lesiones y varias mujeres con sus hijos, niños, que padecen parálisis cerebral.

Los discapacitados llegaron ayer a La Paz en una caravana, tras recorrer durante cien días cinco regiones de Bolivia en sillas de ruedas o con muletas, pero no pudieron entrevistarse con el gobernante, ni entrar en la Plaza Murillo, donde están el Palacio de Gobierno y el Parlamento.

Policías antidisturbios bloquearon e impidieron el intento de la caravana de pasar, lo que provocó un enfrentamiento en el que 20 agentes resultaron heridos y siete manifestantes fueron detenidos, según fuentes policiales y de los manifestantes.

Los dirigentes del grupo acudieron después a la sede policial donde estaban cinco de los detenidos, pero les cerraron las puertas, mientras varios agentes conducían a los arrestados ante un juez, acusados de agredir a los policías, según comprobó Efe.

La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, ha dicho hoy que hay grupos de “infiltrados” políticos en la protesta de los discapacitados para provocar la violencia, mostrando fotografías de una persona usando muletas, luego sin ellas y en otra, encapuchada.

Agregó que confía en que la huelga de hambre y las protestas sean suspendidas una vez que los legisladores logren un acuerdo con el sector sobre una ley que les beneficie, aunque Estivaris dijo que no hay una negociación en marcha porque no fueron convocados a dialogar.