AGENCIAS | Madrid
El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó ayer la reforma laboral. En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, la definió como una reforma “profunda y completa” y que “va a marcar un antes y un después en la legislación laboral española”. En la comparecencia ante los medios informativos, la acompañaba Fátima Báñez, la ministra de Empleo y Seguridad Social.
A partir de ahora, la indemnización del despido improcedente se reducirá hasta los 33 días con un máximo de 24 mensualidades, a diferencia de los 45 días que se aplicaban hasta ahora. A su vez, en caso de despidos por culpa de la mala situación económica de la empresa, el Gobierno permitirá una indemnización aún más barata, de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Esta última medida es de extrema importancia ya que, a partir de ahora, una empresa puede efectuar un despido si tuviera pérdidas o un descenso de sus ventas durante nueve meses consecutivos. “Es necesaria y suficiente; supone crear las bases para volver a crecer, para crear empleo y para ganar competitividad”, comentó la vicepresidenta, en referencia a los más de cinco millones de parados que tiene España en la actualidad.
La ministra de Empleo anunció, mientras tanto, la interrupción de la iniciativa promulgada por el anterior Gobierno del PSOE que permitía encadenar contratos parciales indefinidamente. Ahora se vuelve a la normativa anterior, mediante la cual un empleado tendrá que ser indefinido una vez cumpla veinticuatro meses en la empresa como temporal.
La vicepresidenta del Ejecutivo dio a conocer, igualmente, mecanismos para el fomento de la contratación de los jóvenes. En este sentido, expuso que se creará una fórmula de contrato indefinido de apoyo a los emprendedores con empresas de menos de 50 trabajadores, gracias a una deducción fiscal de 3.000 euros que se aplicará a la contratación del primer trabajador menor de treinta años. Este empleado podrá compatibilizar a la vez su sueldo con el 25% del paro. Sáenz de Santamaría anunció, también, un límite para las indemnizaciones por despidos a los altos cargos de entidades financieras. En este sentido, solo tendrán derecho a dos años de remuneración fija, mientras que aquellos que hayan sido expedientados no tendrán derecho a recibir ni un solo euro.
Por otra parte, los directivos de empresas públicas solamente tendrán derecho a siete días por año trabajado con un límite de seis mensualidades, a no ser que sean funcionarios; en ese caso, volverán a su plaza sin cobrar tampoco ni un euro.
Otros de los objetivos detallados tanto por la vicepresidenta como por la ministra de Empleo es la flexibilización del mercado de trabajo para que el despido sea el último recurso del empresario, así como que la formación sea un “derecho” que tenga el trabajador a lo largo de toda su vida laboral. Finalmente, la vicepresidenta apuntó dos objetivos más: la lucha contra la economía sumergida y el apoyo a los autónomos y las pymes.
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Los convenios. Se limita a dos años la prórroga de los convenios colectivos vencidos. Gracias a ello, y a que se concretan las causas que permiten dejar inactivo el convenio, Báñez defiende que aumentará la flexibilidad interna de las empresas. El Gobierno traspasa parte del acuerdo de moderación salarial a la ley, aprobando la prevalencia del convenio de empresa al sectorial.
Parados de más de 45 años. Se establece una ayuda de hasta 4.500 euros para quienes den trabajo a las paradas de más de 45 años durante los tres primeros años de contrato en función del sector y a razón de 1.500 euros al año. La ayuda se reduce a 4.200 euros durante todo el periodo si son hombres.
Otras bonificaciones. En caso de suspensión temporal de trabajo por causa de un deterioro de la actividad, se introduce una bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social de los trabajadores afectados por reducción de jornada, con una duración de 240 días máximo y condicionada a la estabilidad en el empleo (al menos un año). Si al final la empresa extingue el contrato, no se verá afectado el derecho a la prestación por desempleo.
ERE del sector público. Se abre la posibilidad de que los organismos que forman parte del sector público invoquen causas económicas, técnicas, organizativas y de producción para recurrir a un ERE. Se pretende facilitar el redimensionamiento de las estructuras que crecieron desmesuradamente y que no son sostenibles, ni existe una previsión de que lo sean.
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