Pese a que se había anunciado por el ministro de Hacienda que al Consejo de Ministros del pasado viernes iría el proyecto de un sistema de financiación que permita pagar deudas que los ayuntamientos tienen con sus proveedores y prestatarios de determina dos servicios y obras, el tema ha quedado pospuesto hasta que se resuelvan escollos legales y administrativos, aunque se ha adelantado que las corporaciones locales deben detallar sus impagos antes del día 15 del próximo mes de marzo.
No se conocen todos los aspectos del plan y de cómo habrá que gestionar exactamente las facturas por parte de los acreedores, pero en principio hay que estimarlo como una actuación muy bienvenida, porque unos de los males actuales del sistema es la gran deuda que tiene la Administración local con las empresas.
Se ha indicado que probablemente aquellos que estén dispuestos a “perdonar” parte de su deuda cobrarán antes, lo cual parece un sistema injusto porque manipula algo a lo que está obligada la Administración, pagar a quienes debe dinero, “premiando” a unos con respecto a otros si están dispuestos a renunciar a parte de lo que es suyo para que se lo quede el moroso. Y es que una cosa es una quita, como sucede en Grecia, que afecta a todos, y otra “recompensar” cobrando antes a quien, por decirlo de alguna manera, “se baje los pantalones” llevado por sus apuros económicos.
Saben que ellos son los fuertes en esta vampirización de chupar la sangre de sus acreedores. Y para los necesitados seguramente se abre una carrera de renunciar cada vez más a lo suyo, a cambio de saltarse sitios en la cola, y así el deudor se aprovecha de su debilidad financiera, convertida en ventaja para el moroso.
En Canarias es positivo que los ayuntamientos detallen sus impagos, porque en las Islas no se sabe con exactitud a cuánto asciende la deuda real de los Ayuntamientos. Pero el problema es saber si allí está todo, porque hay entidades que son hijuelas municipales, pero tienen sistemas de funcionamiento propios.
Por ejemplo, la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz, que no sólo debe, sino que además no paga facturas que están desde la etapa de Angel Llanos y cuya tramitación administrativa no se ejecutó bien por el equipo de entonces, lo que ha dado pie a esa entidad del Ayuntamiento a denegar el abono de los servicios o productos de los que sí disfrutó, alegando que no tiene constancia burocrática.
Ahí los acreedores parece que sólo tienen como recurso acudir a los Juzgados, pero cargando ellos con un costo de letrados y gastos que tal vez no compense lo que se va a cobrar, lo cual es otra acción de moroso, que conoce que debe y que el mal estado administrativo es de su culpa, pero también sabe que el otro está casi imposibilitado de presionarlo para cobrar y se lucra con esa debilidad.