La Administración del Estado dispone de la competencia exclusiva en dirección de la política económica general, tal y como señala la Constitución. Competencia que, es obvio, debe ejercitarse en el marco de las competencias exclusivas de las autonomías. Siendo esto así, y dado el abultado déficit en que han incurrido las autonomías en el pasado y, sobre todo en 2011, parece no solo razonable sino necesario que desde el Estado se controle el déficit de unos entes públicos que han impedido que España haya podido cumplir sus compromisos con la Unión Europea en la materia. En este sentido, la noticia que hemos conocido estos días, en cuya virtud una futura ley de las Cortes Generales atribuya al Ministerio de economía la potestad de análisis previo de los presupuestos autonómicos para autorizarlos, es una buena noticia. Buena noticia si, efectivamente, el Estado se limita, y no es poco, al estudio de los números de los presupuestos. Mala noticia si el Estado utiliza este poder de veto para lesionar el ámbito competencial de las autonomías. El efecto que cabe esperar de este anuncio es bien sencillo. Que cada autonomía elabore su presupuesto en el marco de déficit establecido. Así, de esta manera, al conocer previamente el margen financiero de actuación, cada autonomía deberá presupuestar con racionalidad y responsabilidad. Eso significa, ni más ni menos, que es urgente que las comunidades autónomas inicien ya programas serios y exigentes de reforma administrativa. Programas de reforma que deben partir, a mi juicio, de los fondos disponibles reales y que, como es lógico, a administrar y gobernar mejor las competencias relacionadas con los intereses públicos propios. Si se camina en esta dirección no tengo duda alguna de que se corregirá sustancialmente el rumbo actual y se desmantelará buena parte del proceso de réplica estatal producida en muchas de las comunidades autónomas. No hay mal que por bien no venga. Se reducirán estructuras innecesarias y se potenciarán, es lógico, las que contribuyen a esa mejor administración y gobierno de los intereses públicos propios. En este proceso de reforma, que debería estar concluido este año, cada Autonomía debe ser responsable de las medidas que adopten. Es obvio que también en este apartado el café para todos no puede funcionar. Será, insisto, cada autonomía la que diseñe y ejecute su propia reforma. Eso sí, si tal operación es irreal por desproporcionada o demasiado cara, entonces será el Estado a través de la ley de control del déficit el que deberá tomar las decisiones que sea menester cuando aprecie que las autonomías no se ajusten a los parámetros financieros establecidos. La responsabilidad que tiene, también en este punto, el partido que apoya al gobierno de la nación es proverbial. Dispone también del gobierno en la mayoría de las comunidades autónomas, por lo que puede diseñar, en el marco del respeto a la autonomía política lógicamente, unas líneas generales que ayuden al proceso de reforma. Estos criterios deben ser acordados entre los partidos y avalados por quienes se presume que saben del tema así como por los principales agentes sociales. Aunque nada se ha dicho respecto de los presupuestos de los entes locales, es probable que éstos deban ser evaluados previamente por las consejerías de Economía de las comunidades y que tal medida los obligue a proceder a reformas administrativas. En este sentido, buena cosa sería también sustituir la legislación general de ámbito local, que está obsoleta, y aprobar nuevas leyes que de verdad coloquen a la administración y al gobierno local en su lugar. La reforma administrativa ahora es inevitable. Ojalá que en lugar de realizarse de forma improvisada se pueda acometer con seriedad y rigor. Para ello sería aconsejable proceder a una reforma constitucional. Y sobre todo, que, al abordar tal reforma, no se olvide que las competencias tienen sentido en la medida en que contribuyen a mejorar las condiciones de vida.

*Catedrático de Derecho Administrativo / jra@udc.es