DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno negocia a contrarreloj con la banca para conseguir créditos a un interés no superior al 5% de manera que los ayuntamientos puedan pagar a los proveedores antes de que venza el plazo del 15 de marzo fijado en en un real decreto-ley.

La banca oferta préstamos a un máximo de cinco años, a un tipo de interés variable, que ahora estaría cercano al 5%. Sin embargo, los alcaldes prefieren tipos fijos, más bajos, y plazos más amplios. Se busca una fórmula que satisfaga al sector financiero y al Ejecutivo. No parece fácil encontrarla. La banca da dos opciones: un gran crédito sindicado de 40.000 millones entre todas las entidades y un sistema de relación bilateral entre el Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma y la entidad bancaria. Sea como fuere, habría un aval del Estado. En el primero caso, ese préstamo sindicado se podría conceder al ICO.

El pasado miércoles, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) encargó a su presidente, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que negocie con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a partir de tres criterios: que los préstamos tengan un periodo de carencia de entre dos y tres años, que el plazo de devolución se sitúe entre ocho y 12 años y un tipo de interés por debajo del que rige actualmente en el mercado.

La FEMP discutirá con el Gobierno las condiciones que se impondrán a los ayuntamientos para que estos devuelvan los créditos. En la reunión mensual de la ejecutiva de la federación, la posición generalizada fue de respaldo al decreto aprobado, la semana pasada, por el Gobierno y que sienta las bases para crear un mecanismo de financiación para el pago de las deudas. “A los ayuntamientos les conviene que las cuentas de las empresas suministradoras estén saneadas, porque eso genera actividad económica y, por tanto, empleo”, han comentado desde la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

La directiva de este órgano de representación municipal adoptará una decisión probablemente la próxima semana. En principio, su intención es solicitar una prórroga en la exigencia de entregar el listado de impagos con los proveedores hasta el 31 de diciembre de 2011. La Fecam reconoce que, “en las actuales circunstancias, es complicado cumplir el calendario a rajatabla”.