El Ministerio de Hacienda ha publicado los datos de déficit del año 2011, que asciende al 8,5% del PIB, con una reducción de apenas ocho décimas (del 9,3% al 8,5%) respecto al año anterior, a pesar de haber registrado un ligero crecimiento del 0,7% en el PIB. Esta cifra está igualmente 2,5 p.p. (puntos porcentuales) por encima del objetivo de déficit comprometido con Europa (6%). En contraste, en 2010 con el PIB todavía cayendo el 0,1%, el déficit público se recortó en 2,9 p.p., pasando del 11,2% al 9,3% del PIB. ¿Qué ha pasado? Pues que en un año repleto de citas electorales nuestros dirigentes han vuelto a hacer gala de su irresponsabilidad y nos han conducido a un paso de la ruina. Se trata del tercer mayor déficit público de nuestra historia, sólo por detrás de los de 2009 y 2010. De este desastre no se libra ninguna administración pública, aunque las comunidades autónomas (CC.AA.) son responsables de 1,6 p.p. de la desviación, el Estado (Administración central y Seguridad Social) de 0,8 p.p., y las corporaciones locales de apenas 0,1 p.p. Por CC.AA., sólo Madrid ha cumplido con el objetivo de déficit (1,3% sobre el PIB), pero lo peor es que muchas ni siquiera lo han reducido respecto al año 2010. Las que más empeoran su déficit son Extremadura (2,08 p.p. de incremento), Castilla-La Mancha (+1,23 p.p. de aumento), Cantabria (+1,03 p.p.) y Asturias (+0,91 p.p.). Canarias, con el 1,78% de déficit, sobrepasa el objetivo en 0,48 p.p., pero al menos su senda es descendente, al caer 0,57 p.p. respecto a 2010. Llama la atención que la comunidad que ha tomado medidas más drásticas de recorte del gasto público -Cataluña- apenas reduce su déficit en 0,56 p.p., lo que muestra la dificultad de reconducir las cuentas públicas una vez se “desmadran”. El año 2011 ha sido un año perdido y obligaría, para cumplir con los compromisos establecidos, a reducir nuestro déficit hasta el 4,4% del PIB en 2012, lo que supondría un ajuste de 44.000 millones de euros de aquí a diciembre (4,1 p.p. del PIB). El problema es que no existen antecedentes históricos en ningún país desarrollado del mundo de que semejante ajuste se haya logrado en un solo año. Es sencillamente imposible, porque el efecto depresivo de las medidas de ajuste sobre la economía reduciría el PIB por debajo del 2%, lo que haría caer a su vez la recaudación impositiva por la reducción en el empleo, el consumo y la inversión, obligando a recortes adicionales. Es como la pescadilla que se muerde la cola. En la práctica, para lograr semejante reducción del déficit, deberíamos recortar nuestros gastos y/o subir impuestos en unos 60.000 millones de euros. ¡En un año! Y esto no se puede lograr sin reducir los sueldos de los empleados públicos, las pensiones, las prestaciones por desempleo, las prestaciones sanitarias, además de incrementar el IVA y otros impuestos. Todo junto. Las consecuencias dejarían nuestro tejido social y productivo destrozado durante años, con nuevas pérdidas de empleo y cierre de empresas.

Como es imposible, semejante disparate no se va a producir. El Gobierno ya ha anunciado que el objetivo de déficit para 2012 será del 5,8%, para alcanzar el 3% en 2013, tal y como se había comprometido en ese año. Pese al cambio de objetivo de déficit corriente, se cumple con la senda de reducción en el déficit estructural (el independiente de la tasa de crecimiento de la economía), que es una forma más sensata de medir el esfuerzo de reducción en el déficit. El PIB caería en 2012, según nuestras estimaciones, en torno al 1,3% y la necesaria reducción de gastos o la obtención de ingresos adicionales sólo ascendería a unos 45.000 millones de euros, lo que sigue siendo un esfuerzo descomunal. Como el Gobierno ha tomado ya medidas de reducción del déficit cuantificadas en 13.000 millones de euros (otros 2.000 millones de euros son ajustes de deuda), serían necesarias medidas añadidas por valor de unos 32.000 millones de euros. La mayor parte de este esfuerzo recaería sobre los mayores incumplidores en 2011, las CC.AA., con 18.000 millones de recorte que ya deberían haber hecho el año pasado, y el Estado debería asumir los 14.000 millones de euros restantes, para lo que no haría falta necesariamente “tocar” las prestaciones por desempleo y las pensiones, que podrían quedar a salvo…, siempre que se cargue el grueso del ajuste sobre todo lo demás (sueldos y número de empleados públicos, deducciones de impuestos y subvenciones, e incrementos impositivos). Para ponernos en situación, sólo el ajuste del Estado supone hacer en nueve meses lo que el recorte de mayo de 2010 hizo en dieciocho. Y a eso habrá que añadirle el ajuste autonómico.

Para la Comunidad Autónoma de Canarias el ajuste del presupuesto de este año rondaría los 500 millones de euros considerando tanto el exceso de déficit respecto al presupuesto de 2011 como los efectos recaudatorios negativos de la previsible caída del PIB en Canarias en 2012 (-0,5% según nuestras estimaciones), no contemplada en los presupuestos actuales, así como la previsible reducción de transferencias estatales. Y habrá que hacerlo en tan sólo nueve meses. Un buen tijeretazo, pero la mayor parte de las CC.AA. están aún peor.

Y en el año 2013 tocará volver a apretarse el cinturón con otros 30.000 millones de euros de reducción del déficit. Lo dicho. Nos han dejado en la ruina. La que se avecina.