Una de las estratagemas retóricas que se utiliza en el discurso del poder sobre la crisis es la aceptación masoquista del autodesprecio. ¿Por qué no salimos adelante? ¡Porque somos unos vagos, unos irresponsables, unos manirrotos, señora! Ejemplo: María Dolores de Cospedal, hace un par de días, proclamando que los españoles deben trabajar más horas, que aquí no se pega chapa, joder. Luego uno visita todas las estadísticas disponibles (las de la OCDE, por ejemplo) y comprueba, un tanto decepcionado, que la media de horas trabajadas en España en superior a la de Italia o Francia. Por supuesto: se trata más de un síntoma del problema que de una buena noticia. Porque por esos gandules andurriales se trabaja menos porque se trataba mejor: con un mayor índice de productividad. Y la productividad está directamente relacionada no solo con la formación y la actitud del currante -fundamentales- sino con un conjunto de factores básicos en todo su entorno productivo: normativa legal, métodos organizativos de la empresa, tecnología disponible, procedimentación de las tareas, formación ocupacional renovada. Estamos en estas manos pasteleras: en las manos de una señora, por ejemplo, que sostiene públicamente que trabajando doce horas diarias con el mismo sueldo el país saldrá económicamente adelante. En el fondo de esta petulante necedad late tanto un absoluto desprecio por los derechos laborales como una inaudita ignorancia en materia económica.

Algo similar ocurre con el informe Pisa. Como cada vez hacemos peor nuestro trabajo -aunque le echemos muchas horas, eso sí – los periodistas hemos subrayado como conclusiones más relevantes que los profesores deben trabajar más y que cobran mucho. Tal y como ha señalado Enrique Bethencourt lo más sustancioso del informe no estriba en estos extremos, que además son particularmente matizables. Es digno de atención un dato básico: casi un 40% de los alumnos canarios encuestados proceden de la clase media baja y de familias sumergidas en la pobreza y la exclusión social. El informe PISA para Canarias apunta a un conjunto de reformas imprescindibles que no le gustan a nadie y que, por tanto, resulta difícil que se consensuen y fructifiquen. En el caso de los profesores -ya han salido en tropel los defensores de unos profesores que merecen respeto y no ser caricaturizados como héroes- la herética propuesta de ligar parte de sus percepciones salariales a la productividad, la formación y el compromiso tropezará, con toda seguridad, con una contestación escandalosamente abrumadora. Lo mismo ocurriría con una evaluación realista y eficaz de los centros. Aceptar obviedades reformistas como estas puede significar que comience a recuperarse la escuela pública o asistir impávidos a su lenta y dolorosa agonía.