JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
Los inmigrantes sin papeles tendrán más difícil recibir atención sanitaria a partir del próximo 1 de septiembre. Esta es una de las medidas de recorte incluidas en el Real Decreto-Ley para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario aprobado la semana pasada por el Gobierno y que se publicó martes en Boletín Oficial del Estado (BOE).
A partir de la citada fecha, los extranjeros en situación irregular sólo tendrán derecho a ser atendidos en urgencias, hasta que se les dé el alta, durante el periodo del embarazo, parto y posparto y a que los menores de 18 años reciban asistencia pediátrica en las mismas condiciones que los niños y adolescentes españoles.
En Canarias, la decisión del Gobierno afectará al menos a unos 42.000 inmigrantes que no tienen regularizada su situación. Esa cifra se obtiene cruzando el padrón municipal con el último dato de residentes con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor, que publica cada tres meses la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. Así, de los 309.674 inmigrantes empadronados en el Archipiélago hasta el 1 de enero, sólo 267.153 están en las Islas en situación regular.
El resto, más de 32.000 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y casi 10.000 en la de Las Palmas, quedarían fuera de la atención sanitaria en los centros de salud. La mayor parte de ellos, cerca del 60%, son latinoamericanos y africanos, y en menor medida asiáticos y europeos no comunitarios.
Esa cifra, sin embargo, podría ser mayor y situarse cerca de los 50.000, según exponen desde organizaciones como la Red Acoge, donde califican la decisión del Gobierno de “desproporcionada y no justificable por el coste económico”. “Los estudios demuestran que los inmigrantes utilizan tres veces menos que los nacionales el servicio sanitario público”, afirman desde la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (Ferine), donde recuerdan que la salud de los ciudadanos extranjeros que viven en España es algo que debería preocupar a todo el mundo. “Vamos a encontrarnos con un riesgo para la salud pública”, precisan las mismas fuentes.
Y es que limitar a los casos urgentes la asistencia a los extranjeros sin papeles puede masificar más esos servicios, ya de por sí sobrecargados, según indican desde el Sindicato Médico y Satse en Canarias. Para ambas organizaciones, las urgencias serán una “fuente de conflictos y problemas”.
Otra repercusión del Real Decreto es que cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, País Vasco y Cataluña) tendrán que modificar sus estatutos de autonomía para retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, según exponen desde la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Desde este órgano señalan que la norma impulsada por el Ministerio de Sanidad podría incluso ser “inconstitucional”, porque afecta a esos referidos estatutos de autonomía, normas de carácter orgánico, aprobadas con doble tramitación parlamentaria, que un Real Decreto no puede derogar.
En una línea similar se manifiestan desde SOS Racismo, donde consideran “un nuevo retroceso en los derechos sociales” y una vulneración de los derechos humanos “el fin de la universalización de la salud”, que dejará sin asistencia sanitaria pública a las personas inmigradas en situación irregular.
Retroceso
La ONG expresa su rechazo frontal a la decisión del Gobierno “de negar el derecho a la sanidad universal a una parte de la ciudadanía”. “Este decreto no sólo significa una vulneración a un derecho fundamental como es la salud y es un retroceso en el modelo social, sino que también se contradice con la Constitución, algunos estatutos de Autonomía y la propia Ley de Extranjería”, arguye la organización, que opina que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se justifica en la crisis económica para cambiar el modelo de sanidad “que pasa de ser pública, universal y gratuita para toda la ciudadanía a una sanidad vinculada a estar asegurado o ser usuario de la beneficencia”.