Las obsesiones binarias terminan siempre en el maniqueísmo: una de las actitudes más hondamente arraigadas y que resultan singularmente útiles para evitar los sinsabores de la lucidez. En el conflicto entre Repsol y la República Argentina, por lo visto, hay que tomar partido, y hasta los que se muestran más escépticos indican, implícitamente, que el escepticismo también debe posicionarse. Desde luego que es ridículo el patriotismo que ahora enarbola el Gobierno español en este asunto. Hace ya mucho tiempo las grandes corporaciones empresariales no caben en una bandera, y ese es el caso de Repsol, cuyo accionariado, en efecto, muestra más de un 50% de participación de fondos de inversión y corporaciones bancarias extranjeras. La entrañable patria de Repsol es su junta de accionistas o, más exactamente, su Consejo de Administración. La identificación entre los intereses españoles y los intereses de la minoría accionarial de empresas y ciudadanos españoles en Repsol resulta, sin duda, abusiva. La voluntad de utilizar la decisión del gobierno de Buenos Aires como escenografía política para distraer momentáneamente la atención de los contribuyentes sobre la crisis que nos devora con gestos bonapartistas se me antoja poco discutible. Pero nada de esto establece que un Gobierno, cualquier Gobierno, en estas circunstancias, deba quedarse de brazos cruzados o silbando si se considera el número de empresas españolas -con inversiones con valor de varias decenas de miles de millones de euros- en Latinoamérica: Telefónica, Grupo Santillana, Acciona, Acerinox, Planeta, Gas Natural, El Corte Inglés y otras varias.

Es enternecedor contemplar los aullidos de delectación de algunas izquierdas por la expropiación impuesta por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hace apenas un año elogiaba enérgicamente la evolución de la filial YPF. El ala más populista y vocinglera del kirchnerismo -que se proclama el espíritu izquierdista del Gobierno y su mayoría parlamentaria- ha indicado que se trata de recuperar YPF -cuya privatización estuvo sometida a exigencias gubernamentales particularmente mafiosas- para gestionarlas con criterios de utilidad pública y no de crasos beneficios empresariales. Con esta medida esperpéntica YPF pasa a ser una piñata a repartir entre el Gobierno federal y los levantiscos gobernadores provinciales, se prescinde de los beneficios fiscales que proporcionaba la compañía -y se escabulle la inversión extranjera necesaria (unos 30.000 millones de euros) para explotar nuevos yacimientos ya localizados. Un caso canónico de capitalismo de amiguetes inserto en una estrategia de fortalecimiento del Estado con un objetivo nuclear: la eternización del régimen del kircherismo y sus aliados en el poder.

Lo leí en un Twitter cualquiera en medio del océano diario. Esta era una pelea entre Alien y Depredador. Ha ganado el segundo. A un precio económica y socialmente muy elevado.