Que los sindicatos me perdonen, pero soy de los muchos que piensan que es mejor recortar salarios a amortizar puestos de trabajo. La pérdida del empleo es hoy una de la mayores desgracias que puede caerle encima a una persona. No solo destruye su economía y su capacidad para sobrevivir en un momento tan difícil como el que vivimos, sino que hunde su propia estima. En ese sentido, siempre he creído que es socialmente más moral y más rentable la solidaridad en la defensa del trabajo que la resistencia en el mantenimiento de los sueldos. Por eso, la decisión adoptada el pasado sábado por el Gobierno de Canarias de reducir los salarios de los funcionarios me parece mucho más justa y acertada que la otra opción que se manejó. Las deliberaciones del Gobierno son secretas, y algunos miembros del Gabinete han desmentido incluso que se hablara de ello en el último Consejo, pero lo cierto es que el Gobierno estudió seriamente el despido de 3.500 empleados públicos. Parece que fue el PSOE el que inclinó finalmente la balanza por mantener todos los empleos. De esta manera, si usted es empleado de la Comunidad -funcionario, laboral, contratado, trabajador de una empresa pública-, cuando le quiten entre 200 y 300 euros de su sueldo, siempre podrá consolarse pensando que con esa decisión dolorosa – acompañada de otras medidas de ahorro y de la contratación de 200 millones de nueva deuda, que acabaremos pagando todos en el futuro- el Gobierno ha logrado mantener algunos miles de empleos públicos. Entre lo malo y lo peor, ésta es la opción menos destructiva. Cierto que la medida resulta brutal, y que -según informaron ayer los propios afectados- producirá entre julio y diciembre, para llegar al cinco por ciento anual, un descuento acumulado del 10 por ciento bruto, que los funcionarios van a recurrir en los tribunales.
Los empleados de los dos edificios de Servicios Múltiples en Santa Cruz han iniciado ya protestas diarias durante sus quince minutos de desayuno. Se quejan de haber solicitado la comparecencia de los medios informativos públicos -que se pagan con sus sueldos y los nuestros- sin que ninguno aparezca. Pero lo que realmente indigna a los miles de funcionarios recortados es que esta decisión no se aplique por igual en todas las instancias y corporaciones locales de Canarias. La anterior rebaja de entre el cinco y el 15 por ciento fue decretada por el Gobierno de España y aplicada en todo el país. Ahora Rajoy ha peloteado el problema a las comunidades, para evitar ser acusado de otro incumplimiento de su programa. Y aquí cada cual puede hacer de su capa un sayo. Es un mal sistema: los cabildos de Tenerife y Gran Canaria ya han anunciado que no aplicarán las rebajas. Y eso provocará más diferencias entre funcionarios de la Comunidad y de las corporaciones locales.