Transparencia Internacional es una organización con sede en Berlín, fundada en 1993 con el objeto de combatir la corrupción política.
Su instrumento principal es la divulgación de información, y, en esa línea, publica desde 1995 el Índice de percepción de la corrupción, un índice que mide, en una escala de cero (percepción de una corrupción muy elevada y generalizada) a diez (percepción de ausencia de corrupción), los niveles de percepción de corrupción en el sector público de cada país. Se trata de un índice compuesto, que se basa en diversas encuestas a expertos y empresas. La organización define la corrupción como “el abuso del poder encomendado por los ciudadanos en beneficio personal”. Y ese beneficio personal hemos de entenderlo asimismo en el sentido de beneficio para el propio partido, porque la financiación de los partidos políticos es una de las mayores fuentes de corrupción, también en España.
Por eso es tan acertado el análisis del profesor Alejandro Nieto cuando señala que todos los partidos políticos son culpables de esta situación y que si los partidos quisieran la cuestión se acabaría inmediatamente. Porque, aprovechando la deficiente legislación española, todos los partidos utilizan la corrupción para financiarse de manera ilegal. Y todos saben que los responsables de esa financiación ilegal del partido desvían parte de los fondos en su beneficio, además de dejarse comprar de muy variadas y sutiles formas. Si se monta una trama de financiación ilegal de un partido, parece inevitable que un porcentaje de esa financiación se derive a las manos privadas de quienes crean y gestionan la trama. Es una situación generalizada y consentida, que no suele trascender. El problema surge -la corrupción se hace pública- cuando un partido se confía y deja demasiadas pistas, o cuando el partido rival se siente a cubierto, encuentra un resquicio y lanza a su gente a la caza del contrario. Esa es la razón de que en España la mayoría de los escándalos de corrupción estallen como consecuencia de la lucha entre partidos e, incluso, de enfrentamientos internos de una misma fuerza política. En otros términos, si no existieran esos enfrentamientos y cada uno de los bandos en conflicto no contara con medios de comunicación afines, es de temer que los ciudadanos no estaríamos tan al tanto de tramas y corrupciones. Una democracia no está exenta de la corrupción política, pero, a diferencia de lo que ocurre en una dictadura, en una democracia existen instrumentos para descubrir y perseguir si no a toda, al menos a una porción de ella.
¿Y qué decir de los medios de comunicación sectarios y sectarizados? Durante meses y meses los medios de estricta obediencia socialista acosaron al antiguo presidente valenciano Francisco Camps porque permitió que le regalaran unos trajes y unas corbatas. Y llegó a ser juzgado -y absuelto- por un jurado popular. Un jurado popular al que los progresistas de salón, con su coherencia habitual, vilipendiaron por su supuesta falta de cultura y preparación, destacando, por ejemplo, las faltas de ortografía del acta de su resolución.
Por otro lado, el periódico El Mundo ha publicado que el coste de la famosa cacería real en Botsuana lo asumió el empresario Mohamed Eyad Kayali. La información ha sido corroborada por fuentes cercanas al viaje, que confirman que el rey se desplazó a la polémica cacería invitado por Eyad Kayali, el cual, además, fue uno de sus acompañantes en la misma. Lo que no se ha explicado con la suficiente claridad es por qué o a cambio de qué se hizo esta invitación. Porque el Rey no puede dejarse regalar ni unos trajes ni una cacería, y, como corolario del perdón público que ya ha pedido, debería devolver al empresario su coste de su peculio particular. Es sorprendente que nadie lo haya planteado.
Una corrupción muy frecuente en España, no por pequeña menos dañina, es la corrupción del “usted no sabe con quién está hablando”. Por citar un caso, si el político de turno o algún familiar tiene un problema de tráfico, de inmediato esgrimirá su condición exigiendo un trato de favor. Y si el problema es con la policía municipal, llegará hasta reclamar al concejal correspondiente, y no le faltará algún periodista amigo que complete la faena insultando a los municipales con epítetos como “guindillas” y cosas así. Después, comprobaremos que en los exámenes para ingreso en las policías locales se exige el conocimiento de la Constitución y de la igualdad de todos los españoles. Ignoramos para qué, pero lo cierto es que se exige.
La baja calidad de la democracia española se pone de manifiesto en nuestro puesto 30 entre 180 países y nuestro índice de percepción de la corrupción de 6.1 sobre 10, al nivel de un país como Botsuana. Todos los principales países desarrollados nos superan en honestidad pública, y otros menos desarrollados, como Chile y Uruguay. Por si fuera poco, en los últimos diez años hemos retrocedido desde un índice 7.0.
Entre los países desarrollados, solo son más corruptos que nosotros Italia, en el puesto 67 con un índice 3.9, y Grecia, en el puesto 78 con un índice 3.5, lo que explica mucho de lo que está pasando en esos países. El puesto 105 de Argentina, con un índice 2.9, y el puesto 164 de Venezuela, con un índice 2.0, aclara también lo que ocurre en la política y la economía de esos países. Por lo que respecta a España, está todo muy claro.