EFE | Las Palmas de Gran Canaria
El Gobierno canario y los representantes sindicales del personal docente e investigador de las dos universidades canarias coinciden en que la prioridad, ante los recortes que “impone” el real decreto ley del pasado 21 de abril, debe ser el mantenimiento de sus 3.400 profesores. Así lo afirmaron ayer tanto vicepresidente y consejero de Educación y Universidades del Gobierno canario, José Miguel Pérez, como los presidentes del comité de empresa del profesorado y de la junta de personal de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada González y Félix López, respectivamente.
Pérez, en un una rueda de prensa ofrecida con motivo de la reunión que mantuvieron con los representantes de las dos universidades canarias, insistieron en que la equidad en el acceso de los alumnos a la universidad y el mantenimiento de su personal, sobre todo docente, debe ser prioritario para mantener la calidad formativa y la labor investigadora.
Los recortes se deben aplicar en las infraestructuras universitarias, en mantenimiento o en otros apartados presupuestarios, opinó Pérez, quien recordó que las prioridades, en cualquier caso, las deben marcar las comunidades universitarias, con cuyos rectores, José Regidor y Eduardo Doménech, se reunirá el próximo lunes. Pérez, además, señaló que el personal docente de las universidades canarias no es “excesivo”, sino más bien al contrario, pues, según los parámetros calculados en el proceso de acceso al Plan Bolonia, el coste y el personal que trabaja en ellas se sitúa por debajo de la media. El consejero dijo en que los dos reales decretos aprobados por el Gobierno del PP para recortar el gasto en las universidades y en la enseñanza pública son “muy lesivos” para la educación en España y en Canarias “en todos los niveles”, y que el Ejecutivo canario, en la medida de lo posible, tratará de amortiguar sus efectos negativos.