La anunciada propuesta del Consejo General del Poder Judicial de reducir de doce a siete los partidos judiciales de la provincia conlleva, según parece, entre otros, el Partido Judicial de Güímar. Aun sin conocer cuáles son las razones que inducen al Consejo General del Poder Judicial a tomar tales medidas, no llegamos a entender que las mismas puedan derivarse de los recortes presupuestarios del Gobierno central, toda vez que, concretamente, la desaparición del Partido Judicial de Güímar, al contrario de ese previsible ahorro económico, conllevaría aglutinar a los de la capital en los tres juzgados que actualmente componen el partido llamado a desaparecer, lo que ni mucho menos vendría a suponer esa hipotética economía presupuestaria.
Entendemos, repetimos, que la razón no puede estar basada en la economía del personal judicial, toda vez que el traslado de los juzgados güimareros acarrearía necesariamente un trasvase del personal que actualmente los viene cubriendo a sus nuevos destinos y, por otra pare, la operación vendría a suponer un aglutinante más de los estamentos judiciales capitalinos que, por su número, ya no caben en el Palacio de Justicia y han sido los sociales y los juzgados de lo contencioso administrativo los que han tenido que emigrar a otros puntos de la geografía capitalina.
Pero, aparte de la masificación a que aludimos, se ha de tener igualmente muy en cuenta que el Partido Judicial de Güímar abarca dentro de sus competencias los municipios, no solamente de Güímar sino, asimismo, los de Candelaria, Arafo y Fasnia, con una población global de más de sesenta mil administrados que se verían en la ardua tarea de tener que concurrir a la capital aunque se tratase de un simple juicio de faltas o de un verbal de escasa cuantía.
Se viene hablando, conforme hemos leído, de que la medida no tendría graves consecuencias ni inconvenientes toda vez que dados los actuales medios de transporte no representaría graves dificultades de desplazamiento, olvidando, por ejemplo, la de un vecino de Fasnia que necesitase auxilio judicial.
Por otra parte, no es desdeñable pensar en el sensible desembolso realizado no hace tanto tiempo por la construcción del edificio que alberga los tres juzgados güimareros con capacidad para otro más, cuyo inmueble quedaría como sede seguramente de un juzgado de distrito para atender simples actos conciliatorios, algún que otro juicio menor de faltas y el cumplimiento de los exhortos que remitieran los juzgados de Primera Instancia. Un edificio nos hace pensar en una semejanza con el aeropuerto de Guadalajara, que, después de grandes dispendios constructivos, no ha sido operativo por la falta de aterrizaje, ni tan siquiera un avión.
Ya nos hemos enterado de la reacción de los alcaldes de Granadilla de Abona y Los Llanos de Aridane manifestando su oposición a la anunciada reducción del mapa judicial. Sin embargo, no nos hemos enterado de que los de Güímar, Candelaria, Arafo y Fasnia hayan alzado su voz igualmente en contra del mencionado proyecto, aunque esperamos que lo hagan en breve, antes de que en mayo se haga efectiva la propuesta oficial.
De lo que de verdad tendría que ocuparse el Consejo General del Poder Judicial es de dotar a todos los juzgados de jueces titulares, de personal cualificado con el fin de suministrar al administrado un servicio más rápido, eficiente y eficaz y tratar de resolver el caos judicial por acumulación de asuntos sin resolver o resueltos tardíamente aplicando la teoría del chocolate del loro.
*Abogado