B. A. | Santa Cruz de Tenerife

Los sindicatos de los empleados públicos propusieron ayer al jefe del Ejecutivo regional, Paulino Rivero, que elimine unos 1.000 cargos de confianza, asesores y directores generales, entre otros miembros de la estructura de su gabinete autonómico, según informó el representante de Comisiones Obreras (CC.OO.) en la Mesa General del Empleo, José Ramón Barroso.

Esta medida se deriva del conjunto de las propuestas que han hecho los empleados públicos como alternativa a la subida de los impuestos y el recorte de los gastos y los salarios de los trabajadores del Gobierno regional.

Un plan de ajuste del Ejecutivo de nacionalistas y socialistas que ha motivado una manifestación de protesta de todos los trabajadores públicos, que se celebrará mañana miércoles, a partir de las siete de la tarde, en todas las Islas.

El mismo día tendrá lugar una reunión de la Mesa General de Empleo Público que, en opinión de Barroso, no tendrá incidencia sobre la convocatoria de la protesta. La manifestación está secundada por Intersindical Canaria (IC), Comisiones de Base (Cobas), Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Unión General de Trabajadores Canarias (UGT), Convergencia Sindical Canaria (CSC-Ocesp), Comisiones Obreras Canarias (CC. OO.), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Sindicato Independiente Canario (SIC) y Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC).

Supresión de organismos

La propuesta alternativa de los empleados públicos que, según Barroso el Ejecutivo se niega a estudiar, incluye también la supresión del Diputado del Común, de la Audiencia de Cuentas, del Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social y del Instituto Canario de Estadística. Según dijo la Junta de Personal del Gobierno, las funciones de los organismos pueden ser desempeñadas por el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social y el Instituto Nacional de Estadística, respectivamente.

Estas iniciativas de supresión de organismos canarios para que sus funciones sean asumidas por los mismos entes estatales supone una reducción de gastos de 13.465.899 euros.