E. PAIZ – L. FEBLES – T. FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

Desde la oposición rotunda y frontal por parte de los cinco ayuntamientos que se consideran perjudicados hasta la matizada del Gobierno de Canarias, que muestra su conformidad con la filosofía pero no con la propuesta, el no canario al nuevo mapa de los juzgados propuesto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al Gobierno central es una realidad, al menos en en la provincia tinerfeña.

Como adelantó hace ya casi dos semanas DIARIO DE AVISOS, para el Consejo es menester reducir a siete los 12 partidos judiciales hoy existentes en las Canarias occidentales, una medida que pasaría por los polémicos reagrupamientos de las sedes existentes en La Palma, en el Norte y Sur de Tenerife y la absorción de los actuales del Valle de Güímar con los de la capital. Sea como fuere, será el Ministerio de Justicia el que eleve la solución definitiva al Consejo de Ministros, y sus representantes ya han prometido diálogo.

Ya en su día, el viceconsejero autonómico de Justicia, Pedro Herrera, explicó a este periódico que la filosofía de la propuesta del Consejo es del agrado de su departamento en cuanto supone de optimización de los medios existentes y adaptación a la nueva realidad española, pero sus reservas a la propuesta esbozada se ven refrendadas ahora por el mismísimo consejero regional del área, Francisco Hernández Spínola.

El dirigente político tinerfeño explicó a Efe durante un receso de la conferencia sectorial de Justicia celebrada ayer que la Consejería “a día de hoy no da el visto bueno” a la propuesta hecha por el Consejo.

Tras recordar, como hacen todos los alcaldes implicados, que Canarias es “muy singular” y hay que tener en cuenta sus circunstancias particulares a la hora de hacer esa agrupación de los partidos judiciales, Spínola advirtió de que la misma no tiene que suponer la supresión absoluta de la prestación de la administración de Justicia en determinadas localidades.

Esta idea se muestra en la línea marcada por el presidente de la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife, José Ramón Navarro, que en una entrevista concedida a este periódico ya recalcó que el nuevo planteamiento de los partidos judiciales no iba a suponer “ni la pérdida de sedes ni la de puestos de trabajo”. ¿Y cómo lograrlo si se parte de una propuesta que suprime o fusiona los partidos judiciales de Icod de los Vinos, Güímar, Granadilla, Puerto de la Cruz y Los Llanos de Aridane? Para Spínola, la solución pasa por un “reparto en función de la especialización de los juzgados”, de manera que se “aprovechen todas las infraestructuras existentes”.

Tal idea, que ha de combinarse con la tan ansiada implantación definitiva de las nuevas tecnologías en la administración de Justicia, puede traducirse con un esquema ya anticipado por este periódico: que, por ejemplo, Granadilla, Puerto de la Cruz y Los Llanos de Aridane sean sede de los juzgados civiles, pero esta solución tampoco es del agrado de los alcaldes.

Se especula en círculos judiciales que Los Llanos de Aridane conservará su partido judicial en la propuesta final atendiendo a las singularidades geográficas y económicas de la isla de La Palma, como en esta misma página no duda en señalar su alcaldesa. Para lograrlo no es baladí recordar un dato objetivo: de los cinco afectados en esta provincia, Los Llanos es el único en el que el Partido Popular (PP) detenta la vara de mando.

Conexión tecnológica

Pero la conferencia celebrada ayer también sirvió para que, como informa Europa Press, Ministerio y Consejo acordasen retomar la constitución del Comité Técnico Estatal de la Administración judicial electrónica.

Tal comité tiene el loable objetivo de que la estadística judicial sea única, por lo que impulsarán la extracción automática de información de los sistemas de gestión procesal. Y firmarán un convenio de colaboración para reforzar la coordinación entre la inspección de órganos judiciales que corresponde al CGPJ y la que corresponde a los secretarios judiciales.

Para ello se requiere la imprescindible colaboración de las comunidades que, como Canarias, tienen las competencias en Justicia.

El consejero canario Hernández Spínola fue ayer claro: “Nuestro sistema informático es compatible y estamos por la compatibilidad del conjunto de sistemas”.

Se hablará antes

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se comprometió ayer a no remitir al Congreso “ningún proyecto” sobre el nuevo mapa de las demarcaciones judiciales sin hablar “previamente” con “todas y cada una” de las comunidades autónomas con competencias en esta materia, según Efe. El ministro agradeció el “esfuerzo” realizado por el Consejo General del poder Judicial (CGPJ), al que consideró una “voz útil” a la hora de elaborar el nuevo mapa judicial, pero ha recordado que es el Ministerio de Justicia el que tiene la responsabilidad de la iniciativa legislativa. “El Gobierno estará atento y estudiará el informe del CGPJ como cualquier otro que se remita antes de elaborar el anteproyecto de ley”, señaló Ruiz-Gallardón.

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Jaime González Cejas, alcalde de Granadilla: “Sería desvestir a un santo para vestir a otro”

El alcalde chasnero es rotundo: “Granadilla, por historia y por población, rechaza de forma rotunda esta posibilidad, ya que la cabeza de Partido Judicial para Granadilla es una seña de identidad del municipio, que reporta además numerosos beneficios para el mismo y especialmente para el casco de la Villa en cuyo lugar se encuentran ubicados los juzgados”. Para González Cejas, “sería vestir a un santo para desvestir a otro”, teniendo en cuenta la necesidad de recursos materiales y humanos existente en este ámbito y “seguirían igualmente colapsados”.

Noelia García, alcaldesa de Los Llanos Aridane: “Que atienda a lo geográfico y lo económico”

“Nos opondremos con rotundidad si el informe definitivo del Consejo insiste en la eliminación de este Partido Judicial, así como ante cualquier intento del Ministerio en el mismo sentido”. Pese a mostrar esa convicción, García subrayó que “la reordenación que se haga del mapa judicial habrá de atender a las concretas circunstancias de la geografía política y económica, lo que se recoge en el propio informe”. Esta alusión es considerada como una puerta al optimismo por lo que supone de reconocimiento de las singularidades de la comarca del Valle de Aridane.

Juan José Dorta, alcalde de Icod de los Vinos: “Lucharemos por lo que es un logro histórico”

“Todavía no sabemos si se llevará a efecto, pero nos oponemos de forma tajante”. También el alcalde de Icod de los Vinos, Juan José Dorta, utiliza los términos de oposición tajante al ser cuestionado sobre la propuesta del Consejo. Para el edil, el partido judicial icodense “se trata de uno de nuestros logros históricos y tenemos claro que lucharemos para que se mantengan en el municipio. Probablemente lo llevaremos a pleno”. Eso sí, el alcalde anuncia que en este caso no hay fisuras partidistas: “Contamos con el apoyo de las demás fuerzas políticas”.

Rafael Yanes, alcalde de Güímar: “Un atropello a Tenerife que no merece apoyo”

“Espero que ningún diputado tinerfeño apoye este atropello a la Isla”. Así de claro se manifestaba ayer el alcalde de Güímar, Rafael Yanes, sobre una propuesta que considera “ideada con criterios peninsulares en cuanto a transporte, población… que no pueden trasladarse a las Islas”. En su opinión, “se ha hecho un esfuerzo para descentralizar y acercar la Justicia a los ciudadanos” que ahora se ignora. “Es de un absurdo absoluto”, remacha Yanes. Ayer mismo, un pleno municipal secundó por unanimidad la postura aquí expresada por su alcalde.

Marcos Brito, alcalde de Puerto de la Cruz: “Nos oponemos y mostramos un rechazo total”

“Nos oponemos y manifestamos nuestro rechazo total a la decisión de trasladar los juzgados, ya que aspiramos a que permanezcan en el municipio”. Las palabras del alcalde del Puerto de la Cruz, Marcos Brito, suponen un calco al de los otros ediles consultados ante la propuesta del Consejo para la reformulación del mapa judicial español. “Hemos elevado una consulta a la secretaria de Estado de Justicia, además de al pleno municipal”, por lo que todo apunta a que el resto de fuerzas políticas también mostrará su rechazo a los cambios en los juzgados portuenses.

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