EFE | Las Palmas

Canarias interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante las limitaciones del Estado para construir el futuro puerto de Puerto de la Cruz, según ha anunciado hoy el presidente del consejo de administración de Puertos Canarios, Domingo Berriel.

De esta forma responderá la comunidad autónoma canaria a la decisión de la Dirección General de la Costa y el Mar “de no permitir determinados usos en tierra, asociados al futuro puerto”, ha informado el Gobierno regional en un comunicado tras la reunión del consejo de administración de Puertos Canarios, celebrada en Las Palmas de Gran Canaria.

Berriel ha explicado que se ha decidido presentar este recurso por “las continuas limitaciones que pone la citada Dirección General a la hora de conceder la adscripción del dominio público marítimo-terrestre a la comunidad autónoma, pese a los distintos proyectos que Canarias le presenta”.

Tras varios años en esta situación, la comunidad autónoma canaria optó por sacar el puerto a concesión administrativa, de tal manera que la empresa que se encargase de construir la infraestructura, valorada en un mínimo de 70 millones de euros, obtendría a cambio la explotación tanto de la lámina de agua, como de las instalaciones terrestres, durante los próximos 30 años.

El proyecto sacado a concesión administrativa prevé más de 500 atraques deportivos y 50 atraques pesqueros, una superficie para actividades comerciales y de ocio de 10.000 metros cuadrados y un aparcamiento de 1.700 metros cuadrados.

De este modo, Puertos Canarios entendía que se acataban las limitaciones impuestas por el Estado para poder disponer de suelo en el dominio público marítimo-terrestre, y que el concesionario podría ampliar las instalaciones, si finalmente se asumían las peticiones de la comunidad autónoma, que plantea unas instalaciones comerciales y un espacio de aparcamiento mayores de las descritas.

Sin embargo, en el último informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, “no sólo no se autorizan todos los usos que recoge el proyecto canario, sino que entiende que actividades como la lavandería, un mini-market o una oficina de alquiler de coches no están vinculadas a las actividades marinas, cuando en la gran mayoría de puertos de todo el Estado existen actividades muy similares”.

Ante esta situación, y las reiteradas negativas a aceptar las tesis de la comunidad autónoma, el consejo de administración de Puertos Canarios ha acordado tomar la vía del contencioso-administrativo “para lograr que se autoricen unas actividades complementarias que hagan viable para la iniciativa privada la construcción del puerto, tal y como estaba previsto”.

El consejo de administración de Puertos Canarios también ha acordado hoy la aprobación provisional del Reglamento de Explotación y Policía de los puertos de la comunidad autónoma, la aprobación del Plan de Ordenación de Usos del puerto deportivo de Radazul (Tenerife), y la aprobación del Pliego de Bases y Pliego de Condiciones para el concurso de la concesión para la prestación del servicio de cafetería en el puerto de Las Nieves (Gran Canaria).

Además, ha nombrado como vicepresidente del ente público al viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Mario Pérez, y ha aprobado provisionalmente la delimitación de los espacios portuarios de los puertos de Gran Tarajal y Morro Jable, en Fuerteventura.