DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Los dos grupos que sostienen el Gobierno de Canarias han tomado en cuenta las consideraciones de los servicios jurídicos del Ejecutivo y del Consejo Consultivo sobre las dudas de inconstitucionalidad en torno al impuesto sobre las grandes superficies comerciales. De ahí que hayan corregido varios artículos del proyecto de ley de medidas administrativas y fiscales para dejar claro que el polémico gravamen medioambiental es de “naturaleza extrafiscal”.

Las enmiendas registradas por CC-PNC-CCN y PSOE modifican los elementos de cuantificación de la obligación tributaria. Uno de ellos pondera de distinta manera la superficie de venta y la delicada a aparcamiento, al entender que no contaminan lo mismo. También se establecen “coeficientes multiplicadores”, según el tipo de suelo y reducciones en razón del tipo de actividad desarrollada en el gran establecimiento comercial.

El proyecto de ley ponía escuetamente en su artículo 39 que la base imponible del impuesto sobre el impacto medioambiental causado por los grandes establecimientos comerciales estará constituida por la superficie total, expresada en metros cuadrados. Ahora, los partidos gubernamentales distinguen el espacio de venta real del dedicado a los servicios comunes o auxiliares (almacenes, talleres, obradores, producción, cámaras frigoríficas, oficinas, aseos, servicios sanitarios, vestuarios…) y del aparcamiento, con independencia de su situación al aire libre o en zonas cubiertas e incluyendo las zonas de circulación de vehículos y personas.

Además, una de las enmiendas especifica la cuota tributaria en función de cada isla. Así, en Tenerife y Gran Canaria será de 12 euros por metro cuadrado; en Lanzarote, 7,90; Fuerteventura, 6,00; La Palma, 4,80, mientras que para La Gomera y El Hierro queda en 2,40 euros. Las deducciones por inversiones relacionadas con la protección medioambiental se fija en el 70% para la venta de vehículos y talleres. Para maquinarias, automoción, utillajes y suministros industriales será del 50%, al igual que para jardinería y cultivos.

Se suprime la obligación general de aportar datos para el padrón de contribuyentes.

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Propuesta para una redistribución “equitativa”

Una de las 66 enmiendas conjuntas de los grupos nacionalista y socialista al proyecto de ley de medidas administrativas y fiscales incorpora una redistribución “más equitativa” del impuesto especial de la Comunidad Autónoma sobre combustibles derivados del petróleo.

La propuesta aumenta en cinco euros (de 260 a 265 por 1.000 litros) la tarifa de las gasolinas de bajo contenido en plomo y en dos (de 220 a 222) el gasóleo.

En el apartado de los tributos cedidos, CC-PNC-CCN y el PSOE añaden que el tipo de gravamen aplicable a la adquisición de vehículos será el establecido para los bienes muebles excepto para los de turismos a motor usados. Para estos se refleja una cuota fija según la antigüedad y los centímetros cúbicos que oscila entre los 40 euros, en el supuesto de los de más de diez años y una cilindrada no superior a los 1.000 centímetros cúbicos, hasta los 115, para una cilindrada inferior o igual a los 2.000 centímetros cúbicos.

La adquisición de los vehículos históricos queda sujeta al tipo de gravamen establecido para los bienes muebles, cualquiera que sea su periodo de matriculación y cilindrada.

Los socios del Gobierno de Paulino Rivero justifican esta modificación en el argumento de que una cuota fija para vehículos con más de 10 años de matriculación no puede convertirse en un beneficio fiscal para la compra de coches que ponen de manifiesto una particular capacidad económica.

Por razones de “seguridad jurídica” y al objeto de evitar costes de gestión indirectos, determinados cambios tributarios “deben aplicarse al inicio de un periodo de liquidación” (el 1 de julio de 2012). La disposición final décima subraya que los tres nuevos impuestos (grandes superficies comerciales, depósitos bancarios y el que grava el impacto medioambiental causado por algunas actividades económicas) conllevan “una sobrecarga de trabajo” en la administración tributaria canaria que “aconseja” retrasar al 1 de enero de 2013 la entrada en vigor de este “hecho imponible”, pues su gestión exige disponer de una información adicional para la confección del padrón, que hasta entonces no podrá estar disponible.

Ayer finalizó el plazo para presentar las enmiendas a la totalidad y las parciales. En un proceso abreviado, las primeras (del PP y de NC) se debatirán el próximo viernes y las otras, en el pleno del jueves 21 de junio. En esa sesión se votará el texto entregado por el Ejecutivo con las pertinentes correcciones.

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