NICOLÁS DORTA | Arico
Desde noviembre de 2010 la empresa Residuos Aragón, SL, presta servicio a las diferentes explotaciones de ganado en Canarias para la retirada y destrucción de cadáveres de animales, según un certificado de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. Por lo tanto, ésta opera como gestor de residuos autorizado. Pero los ganaderos de porcino no la llaman, pese a que es el único recurso legal que existe para tratar los animales muertos. Por lo tanto, hay ganaderos que entierran sus animales en fosas comunes, y los efectos que ello puede acarrear son malos olores y otros problemas, como multas.
Así ocurrió la semana pasada en una granja de cerdos en Arico, cuyo propietario enterró de manera inapropiada los animales que allí morían y recibió, por una parte, las quejas de los vecinos y, por otra, una denuncia cursada por el Servicio de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) por el problema medioambiental que se acarreó, según confirmó ayer el Gobierno autonómico.
Juan Pedro Dávila, director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, trabaja para que los residuos ganaderos se traten en las Islas, y promueve acuerdos con los cabildos para llevar el ganado muerto y otros restos a los diferentes complejos ambientales. El objetivo final es crear zonas específicas donde llevar los restos del ganado, aunque “esto requiere de tiempo y permisos”, subrayó Dávila ayer a DIARIO DE AVISOS. Pero de momento no queda otra que “concienciarse” de que hay que pagar el traslado de los animales a Aragón, hasta que surta efecto la declaración de Canarias como “zona remota” y haya lugares autorizados en las Islas. Dávila dice que cada vez hay más ganaderos que contratan el servicio (con seguro o pagándolo), aunque es consciente “del alto precio” que deben abonar por ello, quince veces más que un ganadero de Cataluña, por ejemplo. Así, para Dávila es importante seguir trabajando para mejorar las condiciones de los ganaderos, “tratando de avanzar de forma coherente” y dando un plazo “para que todas las Islas se vayan adaptando a las normativa vigente.