NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife
Cristina Tavío, portavoz municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Santa Cruz, aseguró ayer sobre el Plan General de Ordenación (PGO) de la ciudad que “la Cotmac solo puede hacer dos cosas: aprobar el Plan de oficio o declararlo caducado”. Con esta afirmación Tavío se suma así a la tesis de la caducidad defendida por el resto de portavoces en la oposición, aunque matizó la edil que cree “que es la Comisión de Ordenación del Territorio y Medioambiente (Cotmac) la que tiene que pronunciarse sobre la caducidad y no el Ayuntamiento”. Desde el PP se insiste en que “la economía y el empleo de Santa Cruz ya no pueden soportar por más tiempo la inseguridad jurídica, la ineptitud y la incompetencia de este equipo de gobierno”.
“No se puede hacer peor, ni tampoco más daño, sobre todo a la confianza y credibilidad de la ciudad”, continuó Tavío en una rueda de prensa en la que anunció la presentación de un escrito dirigido a la Cotmac, en el que además de solicitarle que apruebe el PGO de oficio o lo declare caducado, también solicita que se deniegue la prórroga pedida por el Ayuntamiento, entre otras cosas porque “la concesión, en su caso, de la prórroga de tres meses solicitada no sería conforme a derecho”. El hecho de que se perjudique a terceros, los vecinos de Santa Cruz, y “la incapacidad real del grupo de gobierno para llevar a buen término este larguísimo y engorroso procedimiento”, son causas suficientes, según el PP, para que se deniegue la prórroga.
Responsabilidades
La portavoz municipal del PP señaló que el argumento utilizado por el equipo de gobierno para pedir la prórroga, la modificación del documento original más allá de los 45 reparos, “es una nueva excusa”. Según Tavío, la búsqueda de responsabilidades de esa manipulación “no es incompatible con la aprobación del PGO”. “El PP expresó en la junta de portavoces -continuó-, que si hay algún tipo de irregularidad estamos de acuerdo en que se suspendiera ese ámbito, pero lo único que han hecho es volver a generar sombras de sospechas perjudicando una vez más a Santa Cruz”. La edil popular también denunció lo que calificó como “una segunda maniobra dilatoria”, aunque esta vez en el escenario del Parlamento de Canarias, donde Cristina Tavío también es diputada. Según explicó, “en la junta de portavoces pedimos que se habilitara el mes de julio para resolver el fuera de ordenación y tanto el PSOE como Coalición Canaria se negaron”.
Considera Tavío que la fórmula más rápida para solucionar el fuera de ordenación es la modificación de la Ley del Territorio porque las soluciones dentro del PGO, “apenas nos permitirían resolver el 2% de todos las edificaciones afectadas además de que nos llevaría muchísimo tiempo”.
Cristina Tavío no supo dar una respuesta a cuánto tiempo se emplearía para tener un nuevo documento si finalmente la Cotmac decidía la caducidad del mísmo. “Solo espero y confío en que la Cotmac tome una decisión que sea buena para Santa Cruz”, se limitó a afirmar.
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El 2 de julio se conocerá la decisión de la Cotmac
Tal y como adelantó Cristina Tavío en la rueda de prensa de ayer, según su información, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medioambiente (Cotmac) se reunirá el próximo 2 de julio, un día antes de que expire el plazo dado al Ayuntamiento de Santa Cruz para que presentara corregidos los 45 reparos puestos al Plan General de la capital tramitado en 2011. Tavío señaló que la Cotmac tiene “una semana de reflexión por delante para tomar una decisión que espero sea la mejor para la ciudad”.
La caducidad del PGO es, para los expertos, una realidad, aunque el informe elaborado por la Secretaría General del Ayuntamiento no aclara este aspecto, pero sí lo apunta. El secretario general del consistorio, Luis F. Prieto, da distintas valoraciones tanto a favor como en contra de la caducidad para finalmente concluir que debe ser la Cotmac quien se pronuncie sobre este asunto, señalando que el dato esencial es si la devolución del PGO al Ayuntamiento reabre la fase municipal (por tanto no estaría caducado) o se considera la continuidad del proceso autonómico iniciado en 2007.
El informe del secretario, en cambio, sí que se muestra contundente en cuanto al trabajo realizado por los técnicos: “Considero inaceptable que el trabajo técnico, después de casi seis meses de plazo, no se haya hecho, por quien corresponda, con el rigor técnico que se espera de un documento de esta naturaleza y en los plazos marcados”. Luis Prieto añade que, a su juicio, “que deben depurarse las responsabilidades a que haya lugar”, en referencia a la demora producida.
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