EFE | Madrid

El Gobierno ha repartido hoy entre las comunidades autónomas 47 millones para cubrir los servicios sociales de atención básica que prestan las corporaciones locales, de los que 2,06 millones corresponden a Canarias.

La partida incluida en los Presupuestos Generales del Estado para este concepto para el conjunto de España se ha reducido un 45,4 por
ciento respecto al año anterior. Este es uno de los asuntos que se han abordado hoy en la  Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, a la que ha asistido la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y los consejeros del ramo, que volverán a reunirse esta tarde para debatir la reforma de la ley de Dependencia.

En concreto, la cantidad que se ha distribuido entre las Comunidades ha sido de 47,3 millones de euros, un 45,4 % menos que el año anterior, como consecuencia del ajuste y la consolidación fiscal a la que se enfrentan las administraciones para adecuarse a
los objetivos de déficit comprometidos.

Pero esta partida que llegará a las corporaciones locales, aunque ha disminuido, permitirá, según el Ministerio, que se mantengan y sigan con sus actividades centros como comedores sociales, de estancia diurna, minirresidencias o pisos tutelados, albergues para personas sin hogar y centros de acogida para personas con graves problemas de convivencia.

Esta partida a las Comunidades permitirá, según el Ministerio, dar a los ciudadanos servicios sociales adecuados para la cobertura de sus necesidades básicas, dotar de apoyo económico y asistencia técnica a las corporaciones locales y consolidar la red de servicios sociales municipales con atención prioritaria a la ayuda a domicilio y la teleasistencia.

El Ministerio, además, por medio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), cofinanciará el programa de ayuda a domicilio de los ayuntamientos de Ceuta (979.480 euros) y Melilla (733.484).

En la Conferencia Sectorial de esta mañana, también se ha acordado que las comunidades reciban 550.000 euros para desarrollar sus respectivos programas contra la marginación del colectivo gitano, unos proyectos que tendrán que realizarse en relación a la educación, empleo, salud y vivienda para su integración social.

Junto a estas medidas, también se ha abordado un borrador de catálogo de referencia de servicios sociales para fijar unos criterios mínimos de calidad para todo el Estado. Una cuestión en la que, según fuentes del Ministerio, ha habido consenso para que se tramite con celeridad.

En el borrador se determinan los servicios básicos y los complementarios y se distingue también entre prestaciones de servicios (de información, valoración, de atención telefónica, protección de menores y atención psicosocial, entre otros) y las económicas (como las rentas mínimas, ayudas de emergencia, a víctimas de violencia de género y a personas en situación de dependencia).

Esta tarde, la ministra y los consejeros volverán a reunirse para debatir la reforma de la Ley de Dependencia, que plantea el Gobierno; hasta ahora las personas dependientes tenían que contribuir a los servicios que recibían en función de sus ingresos, y con la modificación el cálculo también se prevé realizar con el patrimonio.