Estamos tan poco acostumbrados a las buenas prácticas democráticas que hasta un par de políticos profesionales -de esos que han vivido toda su vida alrededor de lo público, sin otra fuente de ingresos o trabajo de carácter privado- me han reprochado hace un par de días que sugiriese en un comentario la conveniencia de que el Gobierno compareciera ante el Parlamento para explicar su actuación en los incendios que estos días afectan a varias de nuestras islas. Pero no sólo esa actuación, añadiría, sino también el conjunto de las políticas forestales, preventivas, de coordinación y extinción en su caso del fuego, dada la riquísima biodiversidad de nuestra tierra y la necesidad de cuidar de ella y de la cubierta vegetal del Archipiélago con todos los medios posibles. Al fin y al cabo el monte es un bien público patrimonio -ecológico, económico, cultural y social- de todos, y su cuidado y protección vienen determinados por numerosas normas legales, unas de ámbito comunitario, otras de rango estatal y las últimas de carácter autonómico e insular. Canarias dispone desde 1999 de un Plan Forestal con vigencia para 28 años, muy bien elaborado, riquísimo en documentación y objetivos, alineado con las políticas más avanzadas de la ONU, la UE y otras instancias internacionales y nacionales, cuyos fines básicos se orientan hacia la organización de la gestión de las distintas administraciones públicas con competencias forestales, sus ámbitos de actuación y directrices técnicas a las que deben atenerse, así como propuestas de actuación y financiación según su procedencia. El Plan apunta la necesidad de elaborar una Ley Forestal que ordene y establezca un nuevo régimen legal para la protección y mejora de la flora y el patrimonio boscoso de las Islas.

Nada, que yo sepa, se ha avanzado en este sentido, y tampoco a la hora de implantar una gestión que haga compatibles las funciones económicas, sociales y ecológicas de los montes canarios. Tampoco se ha fijado un marco normativo forestal que refuerce la vinculación de la población campesina con el bosque, el empleo rural y la explotación ordenada de los aprovechamientos tradicionales del monte, además de la defensa de la propiedad pública y la mejor coordinación entre administraciones. Y me temo que, además, no se han invertido en los primeros años de vigencia del Plan las cifras económicas comprometidas, ni se ha llevado a la práctica el programa de desarrollo previsto a partir del primer septenio de su aplicación.
Cuestiones para debatir

De todo esto convendría hablar en el Parlamento autonómico, ante el que el Gobierno viene obligado a rendir cuenta de sus actuaciones, muy condicionadas, es cierto, porque sólo puede gestionar alrededor del 30% del territorio forestal de Canarias -más de 500.000 hectáreas en total-, ya que el resto es de propiedad particular, y porque la labor protagonista de los cabildos es muy relevante a todos los efectos, y bastante eficaz, al menos en Tenerife. No sería malo que hablase también ante los diputados de las acciones concertadas con miras conservacionistas y de otras acciones basadas en principios de flexibilidad, concepción integral de los ecosistemas y planificación escalonada. Y, desde luego, que tratase de llegar a algún tipo de acuerdo con el Gobierno del Estado para que Canarias disponga de una base permanente de hidroaviones o helicópteros, financiada exclusivamente por Madrid, o en colaboración de las instituciones canarias. Todo, menos lamentar cada vez que se produce un incendio forestal importante la tardanza en la llegada de aviones y helicópteros desde la Península.

No dispongo de elementos de juicio suficientemente contrastados para juzgar la actuación de las autoridades en los recientes incendios de Tenerife, La Palma y La Gomera. Pero por encima de la labor abnegada de todos, empezando por los combatientes contra el fuego, profesionales o voluntarios, y los propios vecinos de las zonas afectadas, dejo en el aire varios interrogantes.

Si el incendio de Adeje fue detectado el pasado domingo a las tres menos cuarto de la tarde, y de ello se dio cuenta a la autoridad correspondiente, ¿por qué no se empezó a combatir el fuego hasta cerca de las ocho, cuando resulta fundamental hacerlo en las primeras horas? ¿No existía ningún retén de guardia, ningún servicio en estado de alerta, nadie que tomara el mando de las operaciones durante ese tiempo? ¿Por qué se tardó tanto en pedir ayuda a la Península si desde un principio ya se advirtió la gravedad del incendio? ¿Por qué se permitió que el fuego se extendiera hacia Guía de Isora en lugar de combatirlo simultáneamente con los focos que afectaban a zonas altas de los municipios colindantes. ¿Ambas acciones eran imposibles o incompatibles? ¿Se consultó a la población rural, la que mejor conoce el terreno, para atacar el fuego en cada zona afectada? ¿Por qué no impone el Gobierno canario la obligatoriedad de que los municipios canarios dispongan, como está legalmente previsto, de planes municipales de emergencia por incendios forestales y de autoprotección de carácter privado en zonas de riesgo?

Pendiente el informe solicitado a la Guardia Civil sobre el origen del incendio, algunos testimonios apuntan que pudo ser provocado, y en tres puntos distintos aunque próximos. En tal caso estaríamos una vez más ante el ataque de manos criminales como lamentablemente viene sucediendo en Canarias, igual que en otras partes de España, desde hace muchos años. Sólo entre 2000 y 2010 ha habido en las Islas 1.184 incendios que afectaron a más de 48.000 hectáreas. De ellos, un centenar largo fueron provocados de manera intencionada y la mayoría tuvieron origen en descuidos, negligencias y causas accidentales. Hace apenas un mes, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a que en la prevista reforma del Código Penal se incluya un aumento de las penas, dejando la mínima en seis años de prisión, para quienes provoquen incendios forestales, tipificando incluso como circunstancias agravantes el que se haga en zonas próximas a núcleos urbanos, en días de riesgo extremo de incendio o en zonas de recreo y de especial valor y/o protección medioambiental. La propuesta establece la obligación por parte del autor del incendio de adoptar a su cargo las medidas encaminadas a restaurar el monte o el ecosistema forestal dañado. Según la Memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, en 2010 se produjeron en toda España 96 sentencias condenatorias dictadas en relación con incendios forestales, de un total de 1.780 procedimientos judiciales abiertos al respecto. Estas sanciones penales complementarían las de carácter administrativo, que pueden llegar hasta un millón de euros.

Lo más necesario

He apuntado otras veces que un territorio fragmentado como el canario, con una orografía compleja, donde barrancos y laderas pueden constituirse en obstáculos insuperables en circunstancias medioambientales y climatológicas adversas, necesita para preservar su masa forestal de una labor preventiva sistemática -empezando por la limpieza y retirada de la pinocha y broza existente en grandes cantidades-, así como de campañas informativas y educativas de concienciación ciudadana, empezando desde la escuela y la familia pasa seguir luego por los medios de comunicación social. Es cierto que Medio Ambiente viene incrementando anualmente las dotaciones presupuestarias para la lucha y prevención contra incendios, pero el dinero consignado no alcanza ni por asomo ese 80% de los recursos que aconsejó en Sevilla la Conferencia Internacional de Incendios Forestales.
Las autoridades deben luchar con todas las armas legales a su alcance para que los incendios no devasten nuestra masa forestal, conservada desde hace cientos de años gracias a los esfuerzos de nuestros predecesores. El Ejecutivo tiene la responsabilidad, contraída con los ciudadanos y con las futuras generaciones, de combatir la degradación de algunos espacios forestales, conservar los valores naturales de las Islas y construir un futuro seguro y respetuoso con el medio ambiente y con el desarrollo sostenible. Existen lagunas en la repoblación forestal, el desbrozamiento de parcelas públicas y privadas, la aplicación de las políticas europeas sobre explotaciones forestales y turismo rural. Y parece conveniente reforzar los medios de vigilancia del monte, instalar cámaras de control y seguimiento, mejorar o construir cortafuegos y zonas de toma de agua, cuidar y limpiar cada cierto tiempo el monte y prestar atención a los terrenos abandonados, susceptibles muchas veces de albergar masa vegetal proclive al incendio. Ahí existe un nicho importante de puestos de trabajo estables y para todo el año, sobre todo en invierno, que es cuando, según el vulgo, se apagan los incendios al preparar el monte para que resista mejor los calores y las incidencias del verano.

Dada su esplendorosa biodiversidad -cuatro islas son Reserva Mundial de la Biosfera, de cuatro parques nacionales dos son Patrimonio de la Humanidad, 34 espacios naturales, 70 parajes naturales, 22 hábitat naturales terrestres y 170 lugares de importancia comunitaria-, a Canarias le conviene una periódica puesta a punto de la política sobre tratamiento general del medio ambiente y el ecosistema forestal, dentro de un conjunto de actuaciones que deben incluir desde el -hace años sugerido por el presidente Rivero- Plan contra la Erosión y la Desertificación (que afecta al 30% de la superficie de Canarias) a una Ley Forestal que ordene en un solo cuerpo legal la muy dispersa y contradictoria normativa hoy existente. Incluso cabría alumbrar una ley que recoja las distintas estrategias sobre cambio climático, calidad del aire, recogida y tratamiento de residuos, recuperación de suelos, etc. Y todo ello sin olvidar que junto a una flora canaria de primor instalada en la naturaleza vive también una fauna que por su interés debe gozar igualmente de especial protección.

Este patrimonio isleño es de un valor incalculable y su trascendencia supera las fronteras insulares para incardinarse entre los más altos bienes de interés mundial dignos de especial protección. De ahí la importancia de extremar el cuidado de tan enorme herencia genética y de ahí también la responsabilidad de las autoridades para no bajar la guardia en la atención de estos valores tangibles que influyen, por su efecto multiplicador, en la evolución del clima, el progreso de la biodiversidad y la formación del paisaje. Prevenir, dice un axioma de Derecho, equivale a conservar. Tal vez por eso el naturalista J. J. Audubon dejó escrito en 1800 que “el auténtico conservacionista es alguien que sabe que el mundo no es una herencia de sus padres, sino un préstamo de sus hijos”.