EFE | Barcelona

La juez ha anulado hoy la orden de desalojo de la nave industrial de la calle Puigcerdà, en el barrio del Poble Nou (Barcelona), donde malviven alrededor de 300 inmigrantes que se dedican en su mayoría a la recogida de chatarra, y que iba a ejecutarse mañana.

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona acepta las alegaciones formuladas por el abogado defensor de la comunidad que habita en la nave y reconoce que los actuales ocupantes no son los mismos que fueron denunciados por los propietarios en 2011, ya que aquellos fueron desalojados en agosto del año pasado y entregaron las llaves.

Al tratarse de una nueva ocupación y al descubrir que la propiedad había presentado el pasado mes de septiembre una nueva denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona, la juez que ordenó el desalojo de la nave ha anulado su orden “por entender que es el Juzgado de Instrucción número 24 el competente para resolver sobre cualquier incidencia relacionada con los hechos denunciados el 15-09-2011″.

Los Mossos d’Esquadra habían comunicado a los inmigrantes, la mayoría de ellos africanos, que desalojarían la antigua fábrica, propiedad de la inmobiliaria Fincas Riana, el próximo lunes, tras agotarse el plazo de una semana que inicialmente dio la juez para que pudieran evacuar todas las pertenencias las decenas de familias, algunas con hijos menores, que viven en el recinto.

La nulidad del desalojo se produce con la opinión favorable del fiscal y después de que el pasado viernes el abogado de los inmigrantes, Andrés García, se personara en la causa y presentara un recurso contra el desalojo.

La juez argumenta para anular su inicial orden de desalojo que “tras las gestiones realizadas” tuvo conocimiento de que el pasado 15 de septiembre “se presentó nueva denuncia por parte de Fincas Riana de la que no se tenía conocimiento en el momento de dictar el segundo auto de desalojo y en el que se exponía que la finca se encontraba desalojada y había sido nuevamente ocupada por un numeroso grupo de personas de etnia africana que había roto los candados”.

Esta nueva denuncia ha hecho ver a la juez que se trata de una ocupación nueva, ya que los antiguos ocupantes devolvieron las llaves de la finca a los propietarios en agosto.

El abogado de los inmigrantes ha confiado ahora en que el Juzgado de Instrucción número 24 también archive la causa penal, porque la legislación establece que “cuando hay desprotección y abandono manifiesto no puede atribuirse un delito de usurpación, sino acudir a la vía civil”.

Andrés García ha reiterado la voluntad de los inmigrantes de negociar con la familia propietaria de la inmobiliaria Riana y ha apelado a la fundación benéfica de esta familia, que ayuda en proyectos solidarios en África, para que se sienten a negociar una salida al conflicto.