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Más de 30.000 personas protestan en Santa Cruz contra los recortes

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Más de 30.000 personas se manifestaron ayer en Santa Cruz de Tenerife (70.000 en todas las islas y cientos de miles en Madrid) como parte de la movilización nacional convocada por CC.OO. y UGT contra los ajustes económicos acometidos por el Gobierno de Mariano Rajoy para cumplir las recomendaciones de las instancias comunitarias y calmar a los mercados.

En Canarias, diecisiete organizaciones integraban un frente sindical que llevó a las calles numerosas reivindicaciones sectoriales. Acorde con lo que estaba sucediendo en otras ciudades españolas, la multitud tardó una hora en abandonar la Weyler en dirección a la plaza de la Candelaria y llegó a colapsar las vías del tranvía.

“Quieren arruinarlo todo. Frente a los recortes, unión y lucha”. Así rezaba la pancarta que abría la marcha y que completaban mensajes de diversa índole. Juntos pero por separado, los congregados avanzaban al compás de distintas sensibilidades: desde los constitucionalistas hasta los antisistema, desde los autonomistas hasta los nacionalistas, desde la moderación hasta la radicalidad, desde el conocimiento hasta quienes ignoraban el motivo de la convocatoria. Incluso ondeaban unas banderas de España, que portaban policías de paisano y que contrastaban con las habituales enseñas separatistas de las siete estrellas verdes. En un ambiente de civismo generalizado, las más elementales normas de convivencia democrática fueron secuestradas cuando la comitiva se detuvo delante de la Subdelegación del Gobierno. La enciclopedia de insultos se agotó por momentos. “Esto nos pasa por tener un Gobierno facha”, gritaban en alusión a la mayoría absoluta que el PP logró en las urnas el 20 de noviembre de 2011.

Durante el recorrido, se profirieron igualmente consignas a favor de una nueva huelga.

Empleados públicos

Por la mañana, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, adelantó, tras participar en la reunión de la Mesa General de Empleados Públicos, que todos los miembros del Ejecutivo canario, altos cargos y asimilados verán reducido su sueldo un 17,4%. Esta medida la aprueba hoy el Consejo de Gobierno, en consonancia con la supresión de la paga extraordinaria de Navidad de los empleados públicos.

El Consejo de Ministros acordó la semana pasada una rebaja similar para el equipo de Mariano Rajoy.

Ese descuento equivale a la reducción máxima que implica la supresión de la doble paga, lo que ha llevado al Gobierno regional a anular el recorte lineal del 5% en el cómputo anual de la masa salarial para los alrededor de 62.000 trabajadores de la Administración autonómica.

En este escenario, la ejecutiva regional del PSOE ha instado a los alcaldes y los concejales de su partido a que renuncien a la paga extra de Navidad en solidaridad con los empleados públicos.
La aplicación del real decreto ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, convalidado ayer por el Congreso, supone que el tijeretazo afectará a los 137.900 empleados públicos del conjunto de las administraciones: autonómica, nacional, insular y municipal. Además, los efectos del ajuste varía en función de la categoría y del sector concreto del que se trate.

El órgano colegiado del Ejecutivo que preside Paulino Rivero determina hoy que fórmula de las dos posibles se utilizará en Canarias para el desarrollo de esta norma básica: retraer la extra de manera completa en diciembre o de forma fraccionada entre los meses restantes del año. Los portavoces de los cuatro sindicatos representados en la mesa (IC, CC.OO., UGT y Sepca) eludieron posicionarse. Por cuestiones técnicas de gestión de las nóminas, en Sanidad se hará de un sola vez, mientras que para Justicia ya viene impuesto el modelo escalonado.

Spínola también avanzó que el Gobierno de Canarias ha solicitado un informe a los servicios jurídicos por si fuera preciso recurrir ante el Tribunal Constitucional. “Están aprovechando la crisis para desmantelar el Estado de las autonomías”, denunció.
Los interlocutores se emplazaron para explorar soluciones.