De un tiempo a esta parte, ahora sobre todo, proliferan códigos deontológicos, cartas éticas y demás repertorios y síntesis de principios de conducta o comportamiento profesional en los más diversos ramos y sectores. Probablemente, el número de esfuerzos realizados en la materia, por lo menos en este tiempo de crisis general en que vivimos, no corre parejo con la ejemplaridad en tantos órdenes de la vida laboral. Quienes defienden estas iniciativas dicen con razón que al menos sirven para que los profesionales a quienes van dirigidas, y el público en general, sepan los principios de conducta, de comportamiento que cabe esperar de estos expertos.
Probablemente, el sector en el que más códigos se han aprobado sea el de la política, el de la función pública en sentido amplio.
Seguramente porque el plus de responsabilidad ética que cabe esperar de quienes rigen los destinos de la cosa pública, generalmente admitido por todos, ha sido quebrantado, y de forma grave en estos años. Hoy no hay partido político que no disponga de un código ético y de un comité de ética que, sin embargo, cuando por alguna razón choca con los intereses de la tecnoestructura, se deja de lado como si nada pasara. Hoy, toda organización o institución que se precie, sea pública o privada, tiene aprobados códigos de conducta, cartas éticas o principios codificados de comportamiento. Otra cosa es que se cumpla. Ya Aristóteles decía que menos hablar de ética y más practicarla.
El último código que conozco, ojalá corra mejor suerte que tantos otros, es el que ha elaborado, bajo el liderazgo de la cátedra Ethos de la Universidad catalana Ramón Llull, un grupo de profesores de ética y politólogos de relevante prestigio.
En el texto del código se establecen los principios básicos que deben presidir la muy noble actividad política. A saber, la honradez, la justicia, la profesionalidad, el respeto, la responsabilidad, el servicio y la transparencia. A renglón seguido se establecen las correlativas obligaciones que se derivan de los principios indicados. Se pretende, en definitiva, la muy loable, y pertinente, recuperación de la confianza del pueblo en la actividad política a base de exigir a los integrantes de esta relevante actividad estándares éticos exigentes. Desde luego, el documento me parece muy atinado, especialmente, además de por el repertorio de los principios señalados, por sentar con meridiana claridad el deber de responder de las acciones públicas y asumir las responsabilidades que se deriven, escuchar y procurar un acuerdo en los temas de interés general, respetarse mutuamente la vida privada, rectificar si la información que han transmitido no se adecua a la realidad, o revelar las malas prácticas en su propio partido.
Más de uno, de dos, de tres… pensarán, tas leer el código que está redactado para ángeles no para seres humanos, de carne y hueso, porque no brillan por su presencia personas que sean capaces de encarnar en su quehacer político cotidiano tales deberes.
El problema de estos códigos es que no tienen virtualidad jurídica más allá de las sanciones que se pueden imponer al interior de las organizaciones, que casi nunca se adoptan salvo que interese a la cúpula.
Esta es la cuestión, que debemos buscar con imaginación, inteligencia y rigor jurídico que la ética tenga dimensión jurídica y tales comportamientos, por su puesto en el plano externo, puedan ser conocidas por jueces y tribunales. Si el ciudadano, que es, como integrante de la comunidad, titular del interés general en que los políticos cumplan con exigencia su tarea, dispusiera de una especie de acción pública para denunciar el incumplimiento de estos principios, otro gallo cantaría.
El día que seamos capaces de dotar de virtualidad jurídica a los principios y obligaciones éticas estaremos empezando, de verdad, a pasar de los cantos de sirena y la música celestial al mundo de la exigibilidad jurídica y la asunción de responsabilidades ante los tribunales de justicia. No es un tema fácil porque tiene muchos problemas que son fácilmente comprensibles. Sin embargo, debemos intentarlo.
*Catedrático de Derecho Administrativo jra@udc.es