El Congreso de los Diputados cierra hoy, salvo imprevistos, el actual periodo de sesiones, cuyo último acto más importante es la convalidación de los reales decretos de recorte aprobados por el último Consejo de Ministros. Aquí, en Canarias, también han finiquitado las principales actividades parlamentarias con la aprobación consensuada de un documento de 19 folios que servirá de base para negociar con el Gobierno central la actualización del REF para su vigencia, tras el visto bueno de Bruselas, entre 2014 y 2020. El Ejecutivo autonómico no quiere saber nada sobre la eventual extracción de petróleo en aguas canarias, pero se cura en salud y deja abierta la puerta a la posible creación de un impuesto sobre hidrocarburos. Y, además, trata de blindar jurídicamente el propio REF previa reforma del Estatuto de Autonomía, a fin de que quede incluido en el llamado bloque de constitucionalidad. La creación de empleo, la extensión de la RIC a cualquier actividad emprendedora, la reducción de los costes sociales a pymes y autónomos, el trato específico para distintos sectores estratégicos canarios, el fomento de la actividad productiva y la seguridad jurídica de la nueva norma económica y fiscal constituyen la mejor carta de presentación de un documento necesariamente ambiguo e inconcreto. A falta de que el Gobierno de Canarias comparezca -sería deseable que lo hiciera a petición propia- para aclarar algunos fallos de coordinación y diferentes aspectos del incendio que afecta al Sur de Tenerife, llegan las vacaciones en medio de anuncios de movidas y preludios de huelga general como protesta por la política de ajustes fiscales y recortes del PP, que sigue el guión exigido por quienes nos financian, más la UE, el FMI y otros organismos internacionales. El Gobierno central, que impone un nuevo tijeretazo de 65.000 millones de euros, está más solo que la una, como el canario con su propia política de ajuste, ya que la solidaridad nadie quiere regalarla cuando se trata de poner en práctica medidas impopulares que dañan derechos adquiridos y la economía de los ciudadanos. Siempre es posible otra política de recortes, pero los sacrificios que aguardan al país son de órdago y van para largo. Con 30.000 millones al año para el pago de intereses de la deuda, otros tantos para la atención de los desempleados, 90.000 para el gasto en pensiones, 1,8 billones de deuda y 30.000 millones de déficit, las reformas que vienen han de ser profundas, brutales, dañinas. Como decía Churchill, un estadista debe hacer siempre lo que a la larga cree mejor para su país, aunque deba divorciarse de las doctrinas que antes aceptó.