JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
Mientras la Consejería regional de Sanidad continúa culpando al Estado de los impagos a las farmacias, desde el Gobierno central y el Partido Popular (PP) aseguran que es la Comunidad Autónoma la que tiene “problemas de liquidez”. De hecho, la exconsejera popular de Sanidad Mercedes Roldós explicó ayer a este periódico que “la financiación que recibe la comunidad no es finalista, por lo que compete a la Consejería de Economía y Hacienda emplear el dinero de las transferencias para pagar a los farmacéuticos”.
En este sentido, Roldós dejó claro que el Ministerio de Economía realizó en junio dos transferencias de crédito por un importe superior a los 277 millones de euros (189 y 88,5 millones), que entre otras cosas permitieron al Servicio Canario de la Salud (SCS) hacer frente al pago a proveedores de facturas atrasadas, por un importe superior a los 194 millones de euros.
“El Estado está cumpliendo con Canarias”, denotó Roldós, quien afirmó que si el Ejecutivo autonómico tiene un problema de liquidez, “debe reconocerlo y acudir al fondo de rescate que le ha ofrecido el Gobierno”.
“La consejera Mendoza está eludiendo sus responsabilidades, porque está contrastado y corroborado que esas transferencias han llegado a la Consejería de Economía y Hacienda”, arguye la exconsejera regional de Sanidad, que aseguró que “a partir del mes de agosto ya no habrá presupuesto para pagar a las farmacias” del Archipiélago.
En su opinión, el Gobierno canario está empleando el dinero para hacer frente a otras cosas, ya que este año ha recaudado casi 33 millones de euros menos.
Avalar préstamos
“Si Sanidad no paga, las cooperativas dejan de suministrar, porque los laboratorios no ofrecen sus medicamentos si no se abonan; es una cadena, donde el principal perjudicado es el ciudadano, que no puede acceder a los fármacos que necesita para sus tratamientos”, reitera Mercedes Roldós, que no ve lógico que el Gobierno canario avale préstamos a un elevado tipo de interés, cuyos intereses no podrá abonar, como ha ocurrido con las facturas correspondientes a los últimos cuatro meses de 2011. “Los farmacéuticos sólo piden que les garanticen un plan de pago”, subrayó Roldós, quien dejó claro que la situación “irá a peor” si el Ejecutivo de Paulino Rivero no ofrece soluciones inmediatas.
Hay que recordar que el presidente de la Asociación de Farmacéuticos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Díaz Feria, manifestó ayer en el DIARIO que “al menos 13 farmacias de la provincia están en situación de restricción de servicio”. “Es el siguiente paso al desabastecimiento, y el anterior al concurso de acreedores o al cierre”, recalcó el presidente de la asociación de farmacias, que calcula que “el 20% del personal de las oficinas de farmacia perderá su puesto de trabajo” si siguen prologándose los impagos.
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Impacto millonario del ‘medicamentazo’
El observatorio del medicamento de la Federación Empresarial de Farmacéuticos de España (FEFE) calcula que el proyecto que excluye fármacos de la financiación pública puede tener un impacto en el mercado de las farmacias de más de 154 millones de unidades por un valor de 1.181 millones de euros. Sin embargo, según esta organización, este impacto quedará minimizado por los “más que previsibles desplazamientos en la prescripción” que se estiman en torno a los 500 millones de euros. FEFE ha formulado alegaciones al proyecto de resolución del Ministerio de Sanidad que ponen de manifiesto un conjunto de problemas que afectan a la desfinanciación de los denominados medicamentos para dolencias menores.
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