EFE | Santa Cruz de Tenerife

El secretario general del PP canario, Asier Antona, aseguró hoy por medio de un comunicado que Canarias es una de las cuatro comunidades autónomas con menos ajuste en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013.

Según Asier Antona, mientras que la inversión estatal cae más del 16,1 por ciento de media en las comunidades autónomas en Canarias lo hace en el 5,98 por ciento.

Afirma el dirigente del PP canario que los números de Canarias sólo son mejorados por tres comunidades autónomas, mientras que están a “a años luz” de comunidades como Navarra (-68%), Baleares (-45%), Comunidad Valenciana (-35%), País Vasco (-32%), Aragón (-30%), Castilla-La Mancha (-28%), Galicia (-23%), Asturias (-16%) y Madrid (-14%)”.

El secretario general del PP canario indica que “a todos nos gustaría que Canarias creciese en inversiones y es lógico que se echen en falta partidas para financiar proyectos pendientes pero en el actual escenario económico de crisis, con el enorme esfuerzo de contención del gasto que estamos haciendo; creo sinceramente que, a la vista de los datos, en Canarias no nos podemos quejar”.

A su juicio no es responsable hacer una lectura victimista del proyecto de presupuestos “cuando nos situamos objetivamente muy por encima de la media inversora de las autonomías; ni defender que Canarias es ajena al enorme esfuerzo que tiene que hacer España para salir del pozo, al que precisamente nos han conducido los mismos que ahora critican la política económica del Gobierno de la nación “.

Insiste Asier Antona en que el gran objetivo es la reducción del déficit público en cumplimiento de las obligaciones en Europa y como forma de garantizar la confianza en la economía española y su capacidad de financiarse.

Añade que el cumplimiento de las obligaciones conlleva un ajuste de 40.000 millones de euros en 2013 que “vamos a asumir entre todos, entre todos los ciudadanos y entre todas las administraciones

Asier Antona agrega que el Gobierno central protege lo más esencial del estado del bienestar, con una política de revalorización de las pensiones y mantenimiento de los subsidios por desempleo, a la vez que pone en marcha nuevas reformas estructurales para devolver la competitividad y la transparencia a la economía.