El Partido Popular de Canarias parece decidido a modificar la posición del Gobierno sobre las ayudas estatales a la desalación. Desde Pepa Luzardo a Soria, pasando por Asier Antona y María Australia Navarro, la consigna unánimemente reiterada en una catarata de declaraciones es que -a pesar de la dificultad que supone modificar el criterio restrictivo del Ministerio de Agricultura- el PP canario conseguirá que se reconsidere la postura y se dote la partida para el tratamiento de agua salada en las Islas.
Lo cierto es que -como nadie en el PP ha dicho ni por asomo en cuánto hay que dotarla, si en un diez, un veinte, un cincuenta o un cien por cien de lo que había antes- el margen para conseguir un éxito en este asunto es enorme, y además rentable desde el punto de vista electoral. Quizá por eso, el presidente Rivero ha sido muy escéptico estos últimos días con las reclamaciones del PP canario al Gobierno Rajoy, y ha calificado de “promesas de ascensor” el intento de Soria de mediar ante Arias Cañete. Pero el ruido político daría igual, si al final el Gobierno reconsidera su posición.
Lanzarote y Fuerteventura no pueden hacer frente a una subida del recibo del agua tan brutal como la que provocaría la retirada de las ayudas, sin sufrir un grave deterioro en su economía turística y en las cuentas privadas de los ciudadanos, ya sometidas al castigo de subidas de impuestos y bajadas de salario. Y además, no es de recibo: la misma exacta partida que se retira en Canarias se mantiene íntegra en Ceuta y Melilla, por un importe de ocho millones de euros, para una población total que no supera los 150.000 habitantes. Y además, Ceuta y Melilla tienen la posibilidad de acceder a agua corriente marroquí, por lo que la decisión del Gobierno español responde más a la voluntad estratégica de evitar posibles chantajes con el agua por parte del vecino, con el que el PP no ha mantenido siempre las mejores relaciones.
No discuto la conveniencia de esa decisión, pero Lanzarote y Fuerteventura no disponen de ningún acceso al agua que no sea el de las desaladoras. Retirar de un día para otro las ayudas, sin arbitrar siquiera una graduación temporal del recorte, es condenar a la sed a ambas islas. O -como piensan en Coalición- abrir un debate coreografiado para que el PP canario pueda demostrar (después de haber tragado disciplinadamente con la pérdida de la bonificación en las tasas aéreas, el parón en las energías renovables, los recortes en el presupuesto 2013 y la voladura de las inversiones en Canarias vía convenios) que votar al PP en Canarias sirve aún para algo.