DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife
El Ejecutivo canario se plantea elevar al Tribunal Constitucional un recurso contra el decreto que suprime las primas a las energías renovables, tras el rechazo del Gobierno de la nación a la propuesta de diseñar un marco singular en un plazo de seis meses.
“El Archipiélago cuenta con singularidades en el mercado de la electricidad, derivadas de su configuración en seis sistemas eléctricos aislados que tienen una particular incidencia en el ámbito retributivo de las energías renovables como reflejo de su distintiva relación con el sector eléctrico nacional”, argumentó ayer el portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. “Estas especificidades están reconocidas en la Constitución y en el Estatuto”, recordó el viceconsejero.
Martín Marrero resaltó que, una vez publicado el Real Decreto ley 1/2012, el Ejecutivo autonómico ha alegado en la comisión bilateral que en Canarias “no se puede reducir el déficit tarifario suprimiendo las primas a las renovables, sino todo lo contrario. Esta argumentación está avalada con informes de la Comisión Nacional de la Energía y el operador del sistema Red Eléctrica Española, explicó.
Ante la negativa a aceptar los planteamientos de Canarias, enfatizó Marrero, el Ejecutivo regional ha decidido presentar un recurso de inconstitucionalidad que ponga de manifiesto su “disconformidad por motivos jurídicos y competenciales”.
Casualmente, el Consejo de Ministros aprobó ayer mismo destinar unos 9,6 millones de euros a la promoción de las energías renovables en Latinoamérica. Este dinero forma parte de una partida de 19,2 millones con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode), creado en 2010. Una de sus funciones es financiar las aportaciones españolas en materia de cooperación internacional para el desarrollo, en el ámbito de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores.
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Requerimiento al Ministerio de Fomento
El Gobierno de Canarias enviará un requerimiento a la ministra de Fomento, Ana Pastor, para exigir que el Estado abone la totalidad de los 207 millones de euros comprometidos a través del convenio de carreteras en la anualidad de 2012, como paso previo a la interposición de una demanda contencioso-administrativa. El Ejecutivo autonómico entiende que no cabe incumplir una obligación contractual suscrita en base a la confianza legítima.
La Administración general del Estado redujo ese importe en sus Presupuestos Generales en más de 148 millones de euros, con lo que solo prevé transferir a las Islas 68,54 millones de euros en el presente ejercicio. El Gobierno regional alega que Fomento no puede justificar esta decisión “arbitraria” en la situación de crisis económica y en la escasa disponibilidad presupuestaria, cuando “en el mismo presupuesto aumenta la partida para la Dirección General de Carreteras del Estado en un 25%”.
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