El presidente Paulino Rivero ha advertido que las restricciones contempladas en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2013 impondrán en las comunidades autonómicas (y en Canarias) ajustes “terroríficos”, admitiendo incluso que se perderán puestos de trabajo en las administraciones públicas.
De aquí a seis meses el Ejecutivo regional se verá con graves, si no insalvables dificultades, para abonar las nóminas de los funcionarios. Las víctimas propiciatorias más inmediatas son los laborales: no solo los fijos discontinuos o los contratados temporalmente, sino también los miles de trabajadores públicos que, en los últimos lustros, han regularizado y consolidado su puesto en la burocracia autonómica por la vía de sentencias judiciales. En suma, entre ocho y diez mil personas que, salvo milagro inconcebible, perderán sus empleos en el primer trimestre del próximo año.
Uno de los debates políticos más necesarios y al mismo tiempo estrangulado en esta agónica coyuntura es el de la modalidad de los recortes presupuestarios y la metodología de los mismos. Entre otras virtudes este diálogo nonato serviría para distinguir claramente entre lo que se presenta como esplendorosa reforma -con las supuestas virtudes modernizadoras que atesora esta expresión- y simple y burda tala presupuestaria.
Pero no hay tal debate: lo ha impedido el inmovilismo del Gobierno, que se presenta a sí mismo como la encarnación del sentido común y el mero gestor de lo posible y el avestrucismo de una izquierda que o no expone una alternativa congruente (el PSOE) o se niega cerrilmente a admitir la necesidad de asumir restricciones presupuestarias y llama a una reanimación del gasto público cuando el Estado debe hasta los calzoncillos y padece dificultades obvias para financiarse (Izquierda Unida).
Pero, contra lo que se pretende a menudo desde uno y otro lado, tanto la organización y distribución de ingresos y gastos son decisiones políticas, no técnicas, y así ocurre tanto en el Gobierno central como en el Gobierno autonómico.
Es poco discutible que la política económica y presupuestaria del PP terminará transformando a Canarias en un desierto hambriento poblado de desempleados, pero Rivero y su equipo todavía tiene opciones: la reforma administrativa que no llega, subidas de impuestos debidamente moduladas, simplificación legislativa para facilitar la inversión, supresión incluso de instituciones inútiles como el Diputado del Común. Un gobernante no puede sentarse al borde de un risco para profetizar solemnemente la catástrofe.