Hace unos meses el Ministro Arias Cañete compareció en el Congreso de los Diputados y anunció su compromiso de desarrollar, durante los próximos años, 66 propuestas en materia de agricultura y medio ambiente. Una de estas medidas consistía en la reforma de la Ley de Costas que, según recoge el documento de aquella comparecencia, tenía como objetivo “hacer compatible la protección del litoral con el desarrollo de las actividades económicas”.

Dicho y hecho, este mes el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de modificación de la Ley de Costas, creando la figura de las playas urbanas. En esta clase de playas se establece una protección más reducida que en las playas naturales, poniendo, como dijo Cañete a los pocos días de jurar su cargo, “ en valor del litoral” mediante un régimen de ocupación que acentuará la presencia de usos privados en detrimento de la esencia del dominio público marítimo terrestre, su uso libre y gratuito.

Pero el ministro no se conforma con esta nueva fórmula de privatización. Otra de las medidas anunciadas en el Congreso de los Diputados fue el “fomento de la desafectación de espacios del dominio público que ya no requieren una protección especial por haber perdido sus características naturales”, es decir que se estimulará que dejen de ser de dominio público aquellos espacios del litoral transformado por iniciales concesiones administrativas.

Dicho en otras palabras, pasará definitivamente a manos privadas aquellas partes del litoral que han sido modificados por la creación de los puertos deportivos, clubs marítimos privados, etc. Esto supone que la privatización por desafectación del dominio público conducirá, inexorablemente, al disfrute de este por una pequeña parte privilegiada de la sociedad, pues la iniciativa privada buscará, con toda lógica, la máxima rentabilidad de sus negocios sin atender al interés social que el dominio público presupone.

*Concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz