Se ha necesitado cuatro muertes para que el Ayuntamiento de Madrid clausure por inseguros varios recintos municipales destinados a actos multitudinarios, y tres para que el Gobierno del PP acuerde con el principal partido de la oposición un tímido plan para aminorar la sangría de los desahucios bancarios. Diríase que la vida humana retorna a valer muy poco, apenas nada, en España.

El incalificable comportamiento de la corporación regida por Ana Botella en relación a la tragedia del Madrid Arena ha desvelado en toda su crudeza el desprecio de las instituciones políticas por los ciudadanos a cuyo bienestar deberían servir.

Ese dejar hacer a los “empresarios de la noche” afectos, ese cheque en blanco para sus ilícitos en recintos propiedad del pueblo madrileño se corresponde con la carta blanca a los bancos para expulsar de sus hogares a quienes, por la pésima y antisocial política de la Administración precisamente, sufren con particular virulencia los zarpazos de la llamada “crisis económica”.

A qué punto no se habrá llegado en ese entreguismo de la casta política a la económica y financiera, a los mercados y a los bancos, que lo que se implora para evitar más muertes, más suicidios, más homicidios en realidad es la dación en pago, cuando esto, aunque algo menos demencial que lo que se viene haciendo en los trescientos y pico desahucios diarios que se producen en España, supone igualmente un atentado inaceptable contra los más vulnerables y más débiles, el de, contraviniendo el precepto constitucional y no digamos el principio de solidaridad social y el de la buena crianza exigible a los representantes públicos, arrojar a las familias a la calle, ancianos, enfermos y niños incluidos.

Se han necesitado cuatro muertes para que el ayuntamiento de Ana Botella caiga en la cuenta de su incuria y de su negligencia, y tres, tres muertes igualmente espantosas en los últimos días, para que se amague un stop a los allanamientos.