Hay muchas empresas que viven en simbiosis con la Administración pública, por lo que sus dirigentes invierten en un silencio rentable para no ponerse a mal con su principal cliente. Pero la decepción empresarial ya es visible en algunos de los principales dirigentes de las grandes firmas que representan eso que se llama la marca España. El presidente de la farmacéutica Grifols, la tercera empresa mundial en producción de hemoderivados, Víctor Grifols, habló el otro día sin demasiados pelos en la lengua. Vino a decir, básicamente, que no piensa invertir un duro en España mientras las cosas sigan así en un país donde las administraciones tardan 700 días en pagar a sus proveedores, donde el sector público se otorga todos los privilegios y ninguna obligación con los ciudadanos y empresas, que han descendido a los abismos en índices de competitividad y de agilidad de gestión. España ha desarrollado una patología propia de los países bananeros. Los emprendedores de éxito son considerados unos especuladores oportunistas en una sociedad donde los millonarios son mal vistos, excepto si han ganado la bonoloto, son jugadores de fútbol o actores de cine. Cuando la pobreza entra por la puerta, siempre viene acompañada por la envidia.
Muchos empresarios han tomado las de Villadiego hartos de que el éxito se venda tan mal entre los prójimos y de una Administración donde da igual quién gobierne, porque siempre gobierna la burocracia. El 40% de los 19 millones de declarantes de IRPF en España afirman hoy ganar menos de 850 euros. La clase media ha entrado en fase de extinción. Pero también el número rentas mayores de 600.000 euros ha caído a la mitad. El PIB per cápita ha descendido a niveles del año 2001, por debajo de la media europea. Estamos ya entre los cinco países de Europa con los impuestos más altos. Y en ese escenario de demolición, el montante de sueldos públicos, que en el año 2004 era de 84.000 millones, suponía el pasado año, después de los recortes adoptados por el Gobierno,122.000 millones. Cuarenta mil millones más.
Los recortes que han levantado en armas a los trabajadores públicos se empezaron a tomar cuatro años después de la llegada de la crisis. El hachazo de austeridad cayó primero con fuerza demoledora en trabajadores y empresarios, en las rentas y en los impuestos indirectos, en el coste de la vida y en los casi seis millones de parados en los que estamos aterrizando. Que España escape del rescate y las cuentas públicas estén más saneadas, no quiere decir que estemos mejor. España no se regenera, no cambia, no reforma una administración que además de cara es lenta, prolija e injusta con el administrado. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y el último que apague la luz.