Lo han dicho voces mucho más autorizadas que la mía. Y no parece casual que coincidan en el mismo parecer jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores, organizaciones profesionales vinculadas a la judicatura, sindicatos, asociaciones de consumidores… No es fácil poner de acuerdo a tantas y tan distintas personas, grupos sociales y operadores jurídicos, de modo y manera que algo malo tendrán las nuevas tasas judiciales para suscitar reacciones tan contrarias. Debían haber entrado en vigor el jueves pasado, pero el Ministerio de Hacienda no tenía preparados los impresos y procedimientos para poder aplicarlas -tanta prisa para aprobar la ley correspondiente en el Congreso y luego resulta que quien venía obligado a implementar la nueva norma, bastante compleja en su desarrollo, estaba en la inopia-, así que habrá que esperar varias semanas para su plena aplicación, si es que la unánime crítica adversa no echa abajo la medida, en todo o en parte. Las tasas, como en los países de nuestro entorno, se vienen cobrando desde siempre; pero su cuantía, en la que radica el fondo del problema, es hoy moderada y por tanto asumible para la mayoría de los ciudadanos, con independencia de la gratuidad de la Justicia para los más necesitados. A partir de ahora, la brutal subida de tasas -de la que solo se exceptúa la jurisdicción penal- va a afectar previsiblemente a la tutela judicial efectiva, ya que muchos ciudadanos no podrán pagar las cantidades que se les exigen para poder pleitear. Se ha dicho que el fin principal del legislador es reducir el exceso de litigiosidad que soportan los tribunales y que tiene colapsada la Justicia. La intención no admite crítica alguna por su propia buena -y necesaria- intención, pero el procedimiento de cobrar mucho más parece un tanto injusto, además de disuasorio. Tan injusto que, por citar un ejemplo, recurrir algunas multas de tráfico puede costar más que el propio importe de la sanción. Lo cual parece dar a entender un afán recaudador fuera de toda lógica. Si se quiere que la Justicia funcione mejor y sea más diligente, lo apropiado es modernizarla, dotándola de más y mejores medios, humanos y materiales. Incluso cabe potenciar el arbitraje, para resolver conflictos y controversias, una figura todavía infrautilizada en la jurisdicción civil como alternativa a la administración de Justicia.

Pero penalizar económicamente a las clases medias, que van a ser las paganini de la reforma del ministro Gallardón, parece un despropósito que debería mover al Gobierno a la reconsideración de la subida, con la que, por cierto, prevé recaudar unos 300 millones de euros al año.