EFE | Las Palmas

El fiscal del “caso Kárate” ha pedido hoy penas de entre 18 y más de 300 años para los cuatro acusados de abusar de decenas de alumnos de una academia de artes marciales de Gran Canaria, en el mayor proceso por pederastia celebrado hasta la fecha en España.

En su informe final, el representante del ministerio público, Pedro Gimeno, ha solicitado que la sentencia no “cargue las tintas” solamente en el principal procesado, Fernando Torres Baena.

Según el fiscal, Torres Baena creó una estructura sexual para abusar de sus alumnos a la que perteneció en sus inicios su primera mujer, que llegó a estar imputada en la causa, y después, a partir de los años noventa, de manera “voluntaria y entusiasta”, las monitoras acusadas María José González e Ivonne González.

El cuarto acusado, el monitor Juan Luis Benítez, no formó parte de este triángulo pero se benefició de él para cometer abusos.

El fiscal solicita para el principal acusado una condena de 303 años de prisión por 36 delitos de abuso sexual, 13 de corrupción de menores y uno de tenencia ilícita de armas.

Los otros tres procesados -María José González, Ivonne González y Juan Luis Benítez- se enfrentan a solicitudes de condena que van desde los 18 hasta los 164 años de cárcel.

Pedro Gimeno ha considerado que, sin la ayuda de sus “lugartenientes”, esa estructura es “imposible” que se hubiese mantenido en el tiempo durante más de veinte años, como ha recordado que también señaló en el juicio el criminólogo Vicente Garrido Genovés, que actuó como perito de la acusación.

El fiscal ha subrayado que los testimonios de las víctimas han sido “amplios y variados”, con detalles sobre cómo y dónde ocurrieron los hechos.

Han hablado de situaciones de zoofilia, de los juguetes sexuales que se emplearon, de las cremas utilizadas para facilitar las relaciones anales y de cómo muchos de ellos tuvieron su primera experiencia sexual con los acusados, a los que no se les ha hallado ningún signo de enfermedad mental que les exima de su responsabilidad, ha subrayado Gimeno.

Ha rechazado también la teoría de la conspiración aludida en su origen por el principal acusado para explicar el caso, pues ha indicado que no se han aportado datos que fundamenten que esta fuera la intención de las víctimas.

Los denunciantes del caso no compartían nada, “ni edad, ni orígenes o lugares de residencia”, su “único denominador común” era que iban al gimnasio de Torres Baena y a su chalé de Vargas, donde se cometieron la mayoría de los abusos, ha señalado la acusación pública.

Además, ha rechazado que se intente presentar a los tres monitores procesados también como víctimas de Torres Baena, pues, según Gimeno, no tuvieron “sentimientos de angustia o duda” como sí le ocurrió a su primera mujer o a otros adultos de edades similares a los procesados, que sí dejaron de ir al chalé de Vargas.

Gimeno ha defendido en su informe final que solo puede ser “ajustada a derecho” la sentencia si se determina la responsabilidades penales de cada uno de los procesados, ya que lo contrario sería “una interpretación simplista” y se convertiría en un mensaje “descorazonador” para las víctimas y sus familias.

La acusación particular ejercida por el letrado José María Palomino, que representa a la mayor parte de las víctimas, ha subrayado también en su informe la “abundantísima prueba” que se ha presentado para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados.

Ha calificado de “abominable” la conducta de los acusados descrita por sesenta testigos, que han relatado las perversiones de las que fueron objeto sin tener en cuenta su edad o sexo, en un contexto que ha descrito como “el Nirvana de la promiscuidad”.

Palomino ha incidido en cómo se aprovecharon tanto Torres Baena como el resto de los acusados de la ascendencia natural que ejercían sobre sus alumnos como maestro de kárate y monitores, y en cómo se valieron de esta situación de superioridad para tener relaciones sexuales con las víctimas, con las que existía una desproporción de edad que llegó a ser de hasta 30 y 40 años.

El letrado ha recalcado que 24 víctimas han dicho que siendo menores sufrieron penetraciones anales y 26 han afirmado haber sido desvirgados por los acusados, en muchos casos a la edad de 8 y 9 años.

Palomino ha manifestado que la sociedad exige que se haga justicia, que es lo que buscan las víctimas, a las que se debe demostrar que “ha valido la pena pasar por este largo y tortuoso juicio”.

La vista continuará mañana con los informes de la segunda acusación particular, ejercida por el letrado Pedro Padilla.