Por enésima vez, el presidente Rivero se ha referido la semana que hoy concluye, esta vez en su blog personal, a la cuestión de la inmigración en Canarias. Y, como no podía ser de otro modo, para no traicionarse a sí mismo ha confrontado la llegada de ciudadanos foráneos con el mercado local, del que afirma que es “materialmente imposible” que absorba la incorporación de tantos nuevos activos.
Más allá de ciertos populismos y electoralismos de conveniencia, la pura y lamentable verdad es que el mercado turístico local no estaría donde está si no hubiera contado desde hace años con la llegada de inmigrantes forasteros. Basta cotejarlo con representantes del sector turístico para valorar el alcance real de este problema, atribuible casi siempre a la falta de capacitación del personal local, especialmente en materia de idiomas; a la fuga de talentos canarios al extranjero, últimamente a causa de la crisis; a la dependencia externa del negocio turístico; al auge extraordinario de la economía sumergida, y, sobre todo, a los años de espectacular crecimiento económico del Archipiélago, que constituyeron un gran polo de atracción laboral, sobre todo para la construcción.
Controles y no discriminación
Se ha avanzado en formación profesional y en cualificación y preparación, pero queda mucho por hacer por parte de las autoridades educativas (principalmente en orden a preparar planes y programas que respondan a las necesidades de mano de obra), a fin de que los jóvenes canarios puedan acceder en mejores condiciones a un mercado laboral cada vez más exigente y con mayor demanda de especialistas y conocedores de idiomas. Mientras no mejore el panorama, emprendedores e inversores tendrán que seguir recurriendo a la contratación de extranjeros, sobre todo comunitarios, para los puestos de mayor relevancia. La aplicación en Canarias de las normas de libre circulación de personas, capitales y mercancías es un factor añadido que propicia la llegada de trabajadores de algunos de los 27 países de la vieja Europa, de donde procede la mayor parte del turismo que aquí se recibe. En contra de lo que propone Paulino Rivero al unir población e inmigración, me parece que lo que Canarias necesita es poner coto a la entrada ilegal de trabajadores y localizar y, en consecuencia, sancionar a los explotadores que los malcontratan, así como permitir el acceso legal y ordenado de los trabajadores comunitarios que demanda la economía local. Y, desde luego, cambiar el modelo de desarrollo económico si se pretende controlar la capacidad de carga del Archipiélago, para lo que resulta imprescindible no discriminar a los sectores primario e industrial, de notables posibilidades de futuro. En todo caso, habrá que ver qué dice la Comisión Europea, que tiene pendiente un dictamen, encargado en 2007, sobre el impacto de los fenómenos migratorios en la cohesión económica, social y territorial de las regiones ultraperiféricas; dictamen que servirá para evaluar y proponer las medidas que demande la coyuntura. Lo que sí puede y debe hacer el Gobierno de Canarias es reclamar al Estado un más exhaustivo control fronterizo, en puertos y aeropuertos, de la inmigración extracomunitaria. Y que se realice un seguimiento puntual de las actividades de los extranjeros que residen y trabajan en las Islas -se calcula que más de 100.000- de forma ilegal. Al ser Canarias región frontera de la UE, el Ejecutivo de Rivero puede proponer al Gobierno de España medidas sobre el trabajo y la residencia de los extranjeros, según prevén el Estatuto de Autonomía y la Subcomisión Canarias-Estado para la Inmigración y Extranjería.
Excepciones, cupos y realidades
En el ámbito de las regiones ultraperiféricas, cabe también la posibilidad de plantear la introducción de medidas concretas sobre control de población e incentivos a la contratación laboral para residentes, pero no por su lugar de nacimiento o nacionalidad, con arreglo al conocido Derecho comunitario. Dinamarca, por ejemplo, ha limitado la compra de una segunda residencia en el país a quienes no vivan allí con carácter permanente. Algo similar sucede, en algunos casos con carácter transitorio, respecto a Chequia, Chipre, Hungría, Polonia, Eslovenia, Malta, etc., pero siempre a condición de que no se ponga en peligro la integridad y coherencia del ordenamiento jurídico comunitario en lo que atañe a la libre circulación de personas y no se produzca discriminación entre los nacionales de los Estados miembros de la UE.
El Gobierno canario que presidía Adán Martín solicitó en 2006, y obtuvo, que el Ejecutivo central bajase a cota cero el cupo anual de trabajo para inmigrantes regulares, a fin de favorecer la reducción del paro en las Islas, dado el fuerte ritmo de crecimiento de la población, que en aquel tiempo, en plena etapa de expansión económica y con una tasa de paro cercana al 13%, se cifraba en torno a unos 50.000 habitantes año, debido en buena parte a la inmigración ilegal. Ni los estudios del CES, del Foro Canario de la Inmigración, del Observatorio de la Inmigración de Tenerife, ni tampoco del Comité de Expertos sobre Población e Inmigración de Canarias achacan a la inmigración en general ni al crecimiento de la población canaria los males y peligros que les atribuye el presidente Rivero, pese al indudable aumento de habitantes que registran las Islas: cerca de 400.000 personas en los 10 últimos años, de ellos casi 200.000 extranjeros. Aun constituyendo una preocupación indudable, prácticamente todos los especialistas coinciden en que la inmigración contribuye al progreso y desarrollo de los países. Como apunta Dirk Godeneau en su magnífico estudio sobre La inmigración en Canarias, “los beneficios que de ella se obtienen en el medio y largo plazo son ampliamente superiores a los costes, que se suelen concentrar en el corto plazo”.
Previsión, estudios, iniciativas
Por desgracia, ni el Gobierno español, ni el de Canarias, éste en su muy limitado ámbito de actuación, han practicado una política inteligente y previsora en materia de población e inmigración. Se ha pasado de no tener política sobre inmigración a postular los “papeles para todos” del ministro Caldera y el presidente Zapatero, que hizo imposible la absorción de una inmigración de avalancha, sobre todo la subsahariana, que vino en oleadas, lo mismo que la centro y suramericana, al amparo del efecto llamada y de una larga etapa de prosperidad económica y relajamiento administrativo. En cambio, otros países han obrado con lógica económica y principios de interés nacional, por encima de fáciles acusaciones de xenofobia y discriminación. En España no se actuó ante los países emisores, africanos principalmente, porque es en ellos donde estaba -y seguirá estando- el origen del problema, hasta que se vio que no había otra alternativa. De esta falta de previsión y sentido común han devenido las reiteradas revisiones de las normas sobre extranjería y las advertencias de las autoridades comunitarias sobre la necesidad de un control exhaustivo de la inmigración ilegal, más aún al tratarse de un país frontera de la Unión.
Dicho eso, coincido con el presidente Rivero sobre la necesidad de establecer ciertos límites a la inmigración, pero sólo la ilegal o irregular. Y sobre el crecimiento de la población, mientras sigamos perteneciendo a la UE y necesitemos asegurar el imprescindible relevo generacional, advierto la necesidad de incentivar el número de nacimientos si no queremos una sociedad predominantemente envejecida, más que limitar la llegada a este mundo de nuevos conciudadanos. En todo caso, con los tratados comunitarios, el modelo de adhesión canario a la UE, la Constitución española y el Estatuto de Autonomía se pueden enhebrar unos argumentos rigurosos y coherentes en defensa de las singularidades canarias, para su traslado a la Unión Europea, pero también como base para fijar y atender previsoramente las políticas demográficas y de servicios públicos de cara a los próximos decenios.
Los tratados otorgan poderes al Consejo de la Unión Europea para adoptar medidas en relación con la libre circulación de personas, controles en fronteras, asilo e inmigración. Y al Parlamento, poderes suficientes para efectuar las propuestas que en ese orden estime más adecuadas. Así que, más que discursear en su blog personal, el presidente debería estudiar todas estas posibilidades y, en su caso, llevar el tema a la cámara legislativa canaria para que ésta, dentro de sus competencias, estudie y formule las iniciativas que estime más adecuadas en materia de población e inmigración. Para la mejor defensa de los intereses generales de Canarias, sus singularidades, su vulnerabilidad, su fragilidad, sus recursos naturales, su renta de situación, su proximidad al continente africano y sus déficit estructurales.